Los coordinadores de PAN y PRD en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota y Armando Ríos Piter, respectivamente, así como la diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI), rechazaron que hayan traicionado la palabra que dieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, y sostuvieron que la ley de seguridad nacional se dictaminará con el irrestricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y sin permitir que se avance hacia un Estado policiaco-militar..

A su vez, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones (PRI), consideró que Sicilia tiene todo el derecho y además la obligación de estar pendiente de que se cumplan los compromisos que se establecieron en la mesa de Chapultepec, y los legisladores deberán honrar la palabra en todos aquellos aspectos que dijimos habrían de revisarse.

Por su parte, Vázquez Mota rechazó haber recibido presiones del Ejército para modificar la minuta, e informó que esta misma semana se concretará la formación del grupo de trabajo del Congreso y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para echar a andar los acuerdos. El perredista Ríos Piter precisó que hoy será el primer encuentro y asistirán los vicecoordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados.

La decisión que un día antes se tomó en San Lázaro –aprobar en lo general la ley de seguridad nacional, pero reservar todo su articulado– fue discutida por los priístas ayer durante una reunión previa a la sesión de la Comisión Permanente, en la que salió a relucir la división entre los diputados del tricolor.

Los legisladores no sabían aún de la declaración de Sicilia, en la que llamó traidores a los diputados por esa decisión, pero tanto Beltrones como Paredes aludieron a la necesidad de que, toda vez que tendrán que revisar todo el articulado y partir de cero, se plasmen las preocupaciones que el movimiento de Sicilia hizo públicas en el alcázar de Chapultepec, una semana antes.

Es la oportunidad, consideró Beltrones Rivera, para atender todas las preocupaciones surgidas en torno a la ley de seguridad nacional y conformar una legislación que dé una base legal para la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico e incorpore planteamientos de la organización que encabeza el escritor.

En entrevista, Paredes Rangel expuso que tal como lo expresó un día antes en San Lázaro, durante la discusión de la minuta, se tiene que honrar la palabra dada y legislar bajo la convicción del pleno respeto a los derechos humanos, con una visión humanista que al mismo tiempo garantice los parámetros en materia de seguridad nacional de un Estado democrático moderno que enfrenta problemas de inseguridad y de violencia muy graves.

La ex gobernadora de Tlaxcala recalcó que dictaminarán la legislación, toda vez que la minuta aprobada en el Senado es la base de la discusión.

En su turno, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, aseguró también que no hay traición alguna de su bancada al movimiento de Javier Sicilia, y que van a legislar de la mano con ellos en el grupo técnico que este jueves se instala, y de forma compartida con los senadores. El Partido de la Revolución Democrática de ninguna manera permitirá que la visión que quería imponerse, primero en la minuta del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, o una visión unilateral como la que planteó el titular del Ejecutivo federal en la iniciativa original, quede en la ley. Impediremos que se abra la puerta para un Estado autoritario, aseguró.

Por separado, Navarrete Prida rechazó que una parte de los integrantes de su bancada pretenda dar mayores facultades al Ejército y avanzar en la militarización. Por el contrario, sostuvo, los priístas quieren dejar muy claro cuándo es válido utilizar a las fuerzas armadas en tiempos de paz y que el mando y el fuero siempre serán civiles.

La diputada panista Josefina Vázquez Mota rechazó que la minuta sobre ley de seguridad nacional lleve un año y cuatro meses en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por las presiones del alto mando del Ejército para que se modifique.

He escuchado a las fuerzas armadas, como escuchamos a todos los actores de la vida institucional del país, a las voces del movimiento (de Sicilia), a los liderazgos sociales y, por supuesto, hemos reiterado que no avalaríamos un estado de excepción.

Agregó que lo que se está construyendo es un andamiaje legal que dé certeza jurídica al Ejército en su tarea de combate al crimen organizado y que se salvaguarden los derechos humanos de la población.