La Procuraduría General de la República (PGR) envió al tribunal unitario de circuito de Tijuana, Baja California, un documento de agravios con el que buscará demostrar a la autoridad de apelación que la juez federal Blanca Evelia Parra Meza emitió un fallo parcial y lleno de inconsistencias jurídicas que favoreció al priísta Jorge Hank Rhon, pues permitió que recuperara su libertad a pesar de que el Ejército Mexicano encontró un arsenal en la residencia del político.

El escrito de argumentos, elaborado por abogados adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), refiere que, al contrario de lo que interpretó la juzgadora, sí quedó acreditada la flagrancia, tal como establece la hipótesis normativa en el derecho penal.

La PGR asienta en el documento que uno de los principios fundamentales del derecho, que tienen sustento incluso en tratados internacionales avalados por México, es que cualquier institución de un Estado debe enfocar todo su interés en evitar que los delitos queden impunes.

Según la posición legal de los fiscales, la sola existencia de las armas que fueron halladas en la casa de los Hank Rhon (78 de ellas sin licencia, 49 de uso exclusivo del Ejército y dos vinculadas a homicidios cometidos en Baja California) es prueba fundamental e indubitable de que, de acuerdo con la norma jurídica de mérito, obligaba a un razonamiento (de la juez) cuya lógica conducía al libramiento de un proceso penal, sostiene el documento de agravios contenidos en la toca penal 56/2011.

Los argumentos de la SIEDO van encaminados a demostrar al tribunal unitario de circuito que la autoridad ministerial, a diferencia de lo que consideró la juez Parra, sí aportó en tiempo y forma las pruebas que demuestran el delito y probable responsabilidad de Hank y sus coacusados.

“Incluso (la juez) dejó de resolver sobre el aseguramiento de dichas armas, mismas que se encontraban a su disposición y que inicialmente señaló que fallaría al respecto al momento de resolver la situación jurídica de los indiciados, y en los puntos resolutivos del auto recurrido dejó sin resolver”, expuso la PGR de acuerdo con el documento al que tuvo acceso La Jornada.

Además, la fiscalía sostuvo que la juzgadora notificó a la PGR con más de siete horas de retraso la libertad de Hank Rhon e impidió a la dependencia observar y dictaminar los videos ofrecidos por el ex alcalde de Tijuana.

Es de particular preocupación que la decisión del órgano judicial, en específico la titular del juzgado noveno de distrito de procesos penales federales, pueda tener como consecuencia la impunidad de los delitos de acopio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas que se imputan en este caso, sostuvo.