La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aplazó una semana la discusión de la minuta del Senado sobre la ley federal contra el lavado de dinero, luego de que legisladores de PRI y PRD consideraron que obligar a los ciudadanos, comerciantes y notarios a reportar transacciones con dinero en efectivo los pondría en riesgo ante la delincuencia y los colocaría en el papel de soplones del gobierno federal.

El presidente de la comisión, Alberto Becerra Pocoroba (PAN), distribuyó ayer el proyecto de dictamen que ratifica en sus términos la minuta que el Senado envió a la Cámara el 29 de abril, y que limita la compraventa de inmuebles a un monto máximo de un millón de pesos en efectivo, y a 200 mil pesos la adquisición de joyas, relojes, piedras preciosas y automóviles –nuevos o usados–, así como el pago por la prestación de servicios profesionales.

El proyecto señala que cualquier operación que rebase esos límites tendrá que ser reportada por notarios, joyeros, propietarios de lotes de autos y de colegios de profesionistas, a los que se quiere obligar a llevar un registro detallado de sus integrantes y que éstos reporten cualquier transacción sospechosa de ser realizada con recursos de procedencia ilícita.

Durante la reunión, los legisladores solicitaron una semana para revisar el documento, que Becerra Pocoroba pretendía que se votara ayer mismo.

La diputada Claudia Anaya Mota (PRD) expuso que la iniciativa no sólo contiene errores de redacción, sino deja fuera operaciones en efectivo, como las actividades políticas y partidarias, de sindicatos, asociaciones religiosas e ingresos por la organización, operación y venta de espectáculos públicos, artísticos y deportivos.

Su compañero de bancada José Narro objetó que las grandes operaciones de lavado de dinero de la delincuencia organizada no se realizan en esos mercados, sino pasan por el sistema financiero: los bancos, la bolsa de valores y las casas de cambio. Si un delincuente compra una esclava o un reloj de oro, ése es el último eslabón de la cadena. Así que debemos atacar lo que realmente dé resultados, y no hacer una reforma que nos deje igual.

El proyecto inclusive define que si bien los bancos estarán obligados a dar seguimiento a las operaciones, conductas o comportamiento de cualquiera de sus empleados, así como construir un perfil de sus clientes y reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones inusuales, deslinda a las instituciones si son utilizadas para lavado de dinero.