Al comparecer ante la Comisión Permanente para explicar las acciones que el gobierno federal realiza para proteger a los migrantes y evitar que sean secuestrados por organizaciones delictivas, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Francisco Blake Mora, informó que en la depuración que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Migración (INM) han sido dados de baja 61 funcionarios a quienes se les encontró vínculos con el crimen organizado, y seis de ellos están arraigados.

Además, detalló que el mes pasado se rotaron a 80 por ciento de los agentes federales de Migración adscritos a las delegaciones; han sido evaluados mil 180 funcionarios del sector central, y otros mil 578 de las delegaciones de la ruta del migrante y en Quintana Roo están siendo examinados”.

Blake Mora aseveró ante diputados y senadores que el flujo de migrantes irregulares por suelo mexicano ha disminuido significativamente en 70 por ciento con respecto al año 2005; es decir, en 2010 fueron 140 mil los indocumentados, apenas el uno por ciento del total de las personas que ingresaron al territorio nacional lo hicieron de manera irregular.

Manifestó que en las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, resulta inexplicable que haya muertos y nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo; en ellas participaron menores de edad de 14 o 15 años; se tienen 86 responsables de esas masacres, hay 81 órdenes de aprehensión ya giradas.

En el caso del plagio de migrantes ocurrido el 24 de junio pasado en Medias Aguas, Veracruz, el titular de Gobernación afirmó que hasta este momento no hay indicios del secuestro (masivo) en la magnitud en que se planteó.

La comparecencia duró dos horas con 50 minutos sin incidentes y transcurrió sin incidentes.

El senador del PRD Tomás Torres Mercado inquirió: ¿Cuántas denuncias penales se han generado por la complicidad de funcionarios, delegados o subdelegados de INM? ¿Hay procesos en curso?

Arturo Escobar, del PVEM, preguntó al funcionario: ¿En qué estado se encuentra el reglamento? ¿Cómo va el mapeo en cuanto a zonas de riesgo?

El diputado Armando Ríos Piter indicó: Me quedo con la sensación de que el avance es muy pobre. ¿Cuál es el avance de la denuncia que hizo el padre Alejandro Solalinde, del secuestro de entre 80 y 100 migrantes, y qué ha pasado con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de más de mil migrantes secuestrados?

La diputada priísta Beatriz Paredes manifestó: Es indispensable un replanteamiento estratégico con Estados Unidos porque a México no le compete ajustar su estrategia migratoria según requiere el vecino país del norte; lo que necesita la región es un gran acuerdo internacional en la materia. ¿No es el momento de hacer una reforma estructural al INM? Insistió sobre si valía la pena una policía fronteriza.

El secretario de Gobernación dijo: Estoy convencido de que el INM requiere una manita de gato profunda, una reconstrucción. Hay que revisarlo .

Resaltó que la política pública que emprendió el Estado Mexicano le dan congruencia precisamente a la exigencia de reclamo porque para México, como aquí bien se ha expresado, y lo subrayo, el fenómeno de la movilidad humana es algo intrínseco a la persona para buscar mejores niveles de desarrollo, es un planteamiento que precisa su regulación, que invita a establecer mecanismos que permitan regular y no con leyes que discriminan; no es con bardas, con muros como se va a resolver el problema.

Al responder sobre los secuestros y el estado en que guardan, Blake dijo que a veces las denuncias que tiene la CNDH no siempre acaban en las procuradurías, por eso hemos ofrecido consolidar y trabajar con los visitadores a través de Gobernación o del INM para afinar esta situación. Yo he reconocido esta circunstancia, pero estamos empeñados en trabajar con los gobiernos de los estados.

Respecto a la corrupción, el funcionario indicó: No vamos a detenernos; y aclaro: cualquier acto que exacerbe sus competencias o que vulnere las garantías y los derechos de los migrantes será sancionado. Hoy hay varios procesos en el órgano de control interno; otros están en la procuraduría y no vamos a tolerar a funcionarios que caigan en conductas penales: tendrán que atenerse a las consecuencias.

Dijo que se trabaja ya en la policía fronteriza, que apenas tiene 81 miembros y que en el caso de la denuncia del padre Solalinde, de la lista de 120 que él nos proporcionó seis ya se encontraron en otros albergues. Les estamos pidiendo la información para que nos den datos pero hasta este momento no hay indicios del secuestro de la magnitud en que fue planteada.