El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ministro en retiro Juventino Castro y Castro, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haber violado las garantías individuales de Gregorio Sánchez, porque la Carta Magna indica con precisión que toda persona conservará sus derechos reconocidos en la normatividad nacional y en los tratados internacionales suscritos por México y que garantizan la protección amplia a cualquier imputado por el principio a que se presuma su inocencia en tanto no exista una sentencia emitida por un juez lo declare culpable.

El legislador argumentó que en este caso se violaron los artículos 14, 16, 20, apartado B, fracción primera y 22 de la Constitución. En el primer ordenamiento mencionado se configuró la irregularidad jurídica porque el pasado 15 de julio, el magistrado José Avalos Cota, decretó la libertad de Greg Sánchez, en virtud de que las pruebas aportadas por la Procuraduría no eran suficientes para acreditar su culpabilidad por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.

No obstante, al salir del Centro de Readaptación Social Número 4, en Tepic, el político fue nuevamente detenido y puesto a disposición del Ministerio Público en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), en virtud de una denuncia de tráfico de personas y enriquecimiento ilícito, por lo cual permaneció el doble del término legal de 48 horas sin que fuera consignado.

Fue detenido injustamente y sin pruebas, pues la Siedo debió comprobar con elementos suficientes el delito que ahora nuevamente se le pretende imputar. Se violó el dispositivo constitucional antes citado, ya que fue privado de su libertad sin pruebas de especie alguna, por tanto, fue una arbitrariedad, puntualizó el legislador.

Y añadió: Se violó el artículo 16 constitucional porque su detención tampoco contó con los elementos de fundamentación y motivación, ya que no estaba acreditado el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del acusado. La PGR y el Ministerio Público no detienen para investigar, sino que investigan para detener. Este es un caso clásico de una desviación de la función del Ministerio Público, que es tan frustrante por una autoridad frívola, reprobó el antiguo magistrado.

Por lo que hace al artículo 22 constitucional, en la parte final de su primer párrafo señala que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. En este sentido, haber puesto un brazalete a Greg Sánchez ya significa una sanción, además de violársele otra garantía implícita de libre tránsito.

“Dejémoslo de este modo: si hasta el momento no existe acreditado delito alguno que merezca su privación de libertad, si no existen pruebas para el procesamiento de Greg, entonces no se tiene por qué sujetarlo a ninguna restricción que viole la Constitución. Ese acto de restricción al que lo han sujetado, es un acto de tortura prohibido por nuestras leyes y los tratados internacionales.”

Con dureza, el ministro Castro y Castro calificó de falaces las aseveraciones de la titular de la Siedo, Patricia Bugarín Gutiérrez, quien considera culpable al Poder Judicial de la Federación por estar de vacaciones.

“Permite comprender su incompetencia dentro de una institución seria. La subprocuradora desconoce totalmente el funcionamiento del Poder Judicial, pues ella debe saber que cuando se solicita de un órgano jurisdiccional –en este caso en materia penal– una orden como la que se pretende por la PGR, tiene que indicar con claridad la competencia de quien debe conocer, así como los elementos que constituyan el conocimiento de un órgano jurisdiccional. En el caso particular, la competencia se encuentra sub judice ante un Tribunal Unitario derivado de un conflicto competencial.

Es vergonzosa la actuación de Patricia Bugarín, la cual teniendo dos términos de 48 horas, no pudo resolver una culpabilidad (y) 20 días no creo que le servirán de mucho y estaremos esperando alguna otra sorpresa que nos permita entender que dicha subprocuradora está jugando a ser abogada, lo cual es lamentable, enfatizó.

Reunión con Jesús Zambrano

Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, se reunió con Gregorio Sánchez el miércoles por la tarde para acordar una ruta de defensa político-jurídica. El líder partidista indicó que detrás de la intención de seguir golpeando la figura del ex alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, está seguir deteriorando la imagen del partido del sol azteca.

En entrevista en la sede nacional perredista, Jesús Zambrano adelantó que el ex candidato al gobierno de Quintana Roo acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a sus garantías individuales, ciudadanas y políticas. Informó que ayer mismo, abogados del PRD se reunieron con la defensa de Gregorio Sánchez para abordar lo relativo al juicio político que solicitarán contra el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el ex procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por la detención del ex edil de Benito Juárez, Quintana Roo, así como dar mayor sustento a la defensa contra la acusación de tráfico de personas (que actualmente pesa sobre él).