Este martes, la Secretaría de Gobernación, en un acto público, anunciará que aceptan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de los campesinos ecologistas de Petatlán, Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos el 2 de mayo de 1999 por militares, quienes los torturaron y los mantuvieron incomunicados durante cinco días para que se declararan culpables de portar armas de uso exclusivo del ejército, de sembrar mariguana y de estar vinculados al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La resolución de la CIDH condenó al Estado mexicano a reparar el daño y le ordenó reformar el Código de Justicia Militar para que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, todas, sin excepción, no nada más las relativas a la violación sexual, desaparición forzada o tortura, sean sometidas a las autoridades civiles y que se investigue y procese a los militares que torturaron a los campesinos.

Asimismo, debe pagar una indemnización de 20 mil dólares a cada uno de los afectados y en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura y determinar las eventuales responsabilidades penales, y en su caso, aplicar efectivamente las sanciones.

Sobre el caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 8/2000 con fecha 14 de julio de 2000, dirigida al general Enrique Cervantes Aguirre, en la que se reconoce que los campesinos ecologístas Montiel y Cabrera fueron detenidos ilegalmente por el Ejército, se sembraron pruebas y se tergiversaron los hechos. De la tortura sostiene: ante el silencio reiterado de ese instituto armado, encaminado a no proporcionar a esta institución información de referencia (...) se tienen por ciertos los actos de tortura. Doce años después, el gobierno mexicano acepta su responsabilidad.

En entrevista telefónica desde Estados Unidos, donde se encuentra asilado, Rodolfo Montiel dice a este diario: “Parece que en México ya va a regresar la justicia que estaba ausente, y que tuvo que venir de Costa Rica, de la CIDH, que tuvo que condenar al Estado para que nos hicieran caso. Ahora esperamos que se cumpla y que no sea sólo un acto para la foto.

“Lo que sigue ahora es que investiguen a los militares, al Ministerio Público y al juez que nos condenó injustamente, así como a los testigos falsos. Ojalá se cumpla y cese la represión en contra de los campesinos ambientalistas.

Espero que ahora sí cumplan, que el Estado investigue y castigue a los culpables, que cada paso que dé sea para que cumplir lo que le ordenó la CIDH. Quiero regresar a mi país; tengo seis años sin ver a mis hijos y a mi familia. A mí no me ha tocado estar con ellos, darles una caricia o darles una llamada de atención. Quiero regresar a mi país. Extraño los ríos, los manantiales, caminar por los bosques. Ojalá me permitan ir a visitar a mis hijos.

De las secuelas de las torturas explica: no tengo movimiento en mis manos, no tienen fuerza, no las puedo cerrar. No puedo caminar mucho, no puedo viajar por el dolor de espalda.

Y sobre la sentencia concluye: la he leído y releído. Espero que ahora sí se haga justicia. Todavía no existe la confianza suficiente.