El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instancia que canaliza a México unos 2 mil millones de dólares al año para el apoyo de programas sociales, este 2011 ha puesto especial énfasis en el financiamiento de los programas Hábitat y Procampo, a los cuales aplicará ambiciosas evaluaciones de impacto para medir su efectividad, informó Koldo Echebarría, director general de la Oficina de Planeación Estratégica y Efectividad del Desarrollo de la institución.

Echebarría destacó que la evaluación de los programas antipobreza se inscribe en la tendencia mundial de medir la eficacia de las políticas públicas para saber qué funciona y así dirigir los recursos hacia intervenciones efectivas.

Desde hace unos años el BID integra el componente de evaluación a los esquemas que apoya y el año pasado casi 30 por ciento de sus proyectos contaban con una evaluación de impacto rigurosa”. También el Banco Mundial hizo cerca de 300 estudios de este tipo y en la actualidad se efectúan 800 mediciones de programas de desarrollo a escala global para tener políticas basadas en la evidencia.

Entrevistado durante la conferencia internacional Reduciendo la brecha: de la evidencia al impacto en las políticas públicas, detalló que el BID tiene un nuevo proyecto de apoyo al programa Hábitat que viene en un contexto de evaluación ambicioso que va a producir lecciones interesantes sobre el impacto del programa y precisó que a este proyecto se destinarán alrededor de 300 millones de dólares.

Añadió que se trabaja con Procampo, programa que realiza una serie de reformas que esta institución está apoyando, las cuales buscan actualizar el censo y ver impactos del programa sobre inversiones tecnológicas y la renta de los agriculturores.

En su informe Panorama de la efectividad en el desarrollo 2010, precisa que la evaluación del proyecto para combatir la pobreza urbana en México “estimará el efecto del programa en el acceso a la disponibilidad de servicios básicos, infraestructura, equipamiento –agua, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado público y electricidad”– y se determinará si el programa tiene impacto en el valor inmobiliario de las propiedades y si aumenta el capital social entre los habitantes.

Sobre Procampo indica que las evaluaciones proporcionarán respuestas a preguntas claves acerca de cómo promover mejoras de productividad en la agricultura.

En torno a los programas del agro, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –instancia nacional que evalúa esquemas sociales– refiere que en algunos la evidencia no es tan clara de que den resultado.

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, aseguró que si bien aportan subsidios importantes a los productores, no evidencian incentivo a la productividad, pero sí que muchos van a la población más rica, a los productores grandes del norte del país, y no a la más pobre, pero no se refirió al Procampo.

Respecto de otras evaluaciones del Coneval, Hernández Licona señaló que uno de los programas que no está funcionando es Primer Empleo, y la recomendación es que ya no siguiera, y fuera remplazado por uno efectivo.

El Seguro Popular ha sido bien evaluado por el Coneval y las universidades Harvard y de Chicago. Paul Gertler, asesor del BM, indicó que es útil para el diagnóstico de la diabetes, mientras Hernández Licona aseguró que incrementó la cobertura sanitaria. Otros bien evaluados, según Gertler, son Estancias Infantiles y el Programa 70 y más.