Funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal y jueces federales especializados en materia penal indicaron que cualquier imputación que pretenda hacer en el futuro la Procuraduría General de la República (PGR) contra Jorge Hank Rhon, derivada de las 88 armas encontradas en su residencia de Tijuana, carecerá de validez legal, porque el caso está viciado de origen, al presentar una prueba obtenida de manera ilícita.

En tanto, los penalistas José Luis Nassar Daw y Leonel Rivero coincidieron en que será imposible e ilegal que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California ejercite acción penal contra Hank Rhon por el delito de homicidio con base en los exámenes periciales realizados a las armas que, hasta el momento, se considera que fueron obtenidas de forma ilegal.

Nassar Daw, uno de los abogados con más experiencia en materia penal y director de uno de los despachos con mayor influencia en el país, señaló que las autoridades ministeriales de Baja California deberán recurrir a otras pruebas y peritajes ajenos a las armas si pretenden llevar a prisión al propietario del hipódromo de Agua Caliente.

A su vez, Leonel Rivero, abogado de corte progresista, refirió que la manera en que se han resuelto las cosas en el ámbito federal impide a las autoridades locales toda acción jurídica contra Hank Rhon, porque la prueba elemental (las armas) quedó desacreditada.

Agregó que la resolución judicial se sustenta en el hecho de que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no efectuaron el operativo de captura de Hank como declararon, ya que la defensa del ex alcalde de Tijuana logró demostrar que hubo inconsistencias que hacen dudar de la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público Federal.

Este miércoles, un día después de que una juez federal ordenó la inmediata libertad de Hank Rhon, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, reveló, durante una entrevista radiofónica, que la PGR busca, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, el posible origen en ese país de algunas de las armas encontradas en la casa del político priísta.

Para los juzgadores consultados por La Jornada es casi imposible que el magistrado unitario al que corresponda conocer de la apelación presentada por la SIEDO revoque el auto de libertad concedido a Hank y coacusados, pues la teoría de la prueba ilícita está sustentada en diversas doctrinas de derecho penal y en jurisprudencias de tribunales nacionales e internacionales.

Respecto de los dos homicidios que se cometieron con igual número de armas de fuego supuestamente halladas en la casa de Hank Rhon, los funcionarios entrevistados aseguraron que tampoco procederá una imputación directa ni indirecta contra el ex edil, porque se trata de armas que ya no podrán ser utilizadas como prueba contra persona alguna.

Destacaron que antes de realizar el allanamiento en la casa de los Hank la autoridad militar debió pensar si optaba por el cateo sin orden judicial, ya que “la jurisprudencia y la doctrina alemana, francesa y mexicana desacreditan ad infinitum cualquier elemento de prueba, inculpatorio o exculpatorio, que sea obtenido de manera ilícita”.

Recordaron que algo similar ocurrió en el caso de Lydia Cacho: los abogados de la periodista aportaron como pruebas las grabaciones telefónicas ilícitas hechas al entonces gobernador Mario Marín y eso las invalidó y permitió al priísta librar cualquier acusación penal o administrativa.

Desde el pasado 8 de junio, cuando la PGR consignó al ex alcalde de Tijuana y coacusados ante el juzgado noveno de distrito de procesos penales federales, el abogado Fernando Benítez, uno de los defensores de Hank Rhon, aseguró que el equipo de litigantes buscaría acreditar la inoperancia del argumento de detención en flagrancia (fue la versión oficial que ofreció la Sedena desde el día de la captura) para justificar el allanamiento de la casa del político, con la finalidad de que carezca de validez legal el hallazgo de armas en ese domicilio.

La tesis de jurisprudencia 1a/J21/2007, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que carecen de eficacia probatoria todas las pruebas recabadas durante una intromisión a un domicilio sin orden de cateo de parte de una autoridad policial, cuando ésta no compruebe plenamente que allanó un domicilio bajo la hipótesis de la actuación en un caso de flagrancia.