El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, consideró que el proceso contra Jorge Hank Rhon manifiesta la crisis que vive la administración de justicia en el país; es la punta de lanza que pide sin demora la transformación total de la Procuraduría General de la República y la profesionalización de las instituciones militares, que evidentemente violan y atropellan las garantías individuales.

El ministro en retiro sostuvo que el Poder Judicial, en el caso Hank Rhon, sí valoró con puntualidad, oportunidad y precisión todas las pruebas aportadas por la defensa. Sin embargo, para cubrir su inexperiencia, la titular de la SIEDO quiere distraer la atención para ocultar su falta de pericia e imprecisión de los elementos de contradicción que tuvo a la vista el Ministerio Público para llevar a cabo la consignación de Jorge Hank.

A decir del legislador por el PRD, el Consejo de la Judicatura Federal no es un órgano jurisdiccional, sino administrativo –así lo señala el artículo 100 de la Constitución–, y es el encargado de vigilar el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

El Consejo de la Judicatura no puede violentar la actividad jurisdiccional de los impartidores de justicia, pues lo único que se hizo en este caso fue emitir un comunicado sobre los elementos que tuvo la juez Blanca Evelia Parra Meza para dictar un auto de libertad.

Son muy desafortunadas las declaraciones de la encargada de la SIEDO ante los medios de comunicación acerca de que el Consejo de la Judicatura se pronunció en el caso Hank Rhon pues, como se advierte en los artículos 100 de la Constitución y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Judicatura es un órgano administrativo que vela por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por su independencia e imparcialidad, y en este caso en particular sólo fue auxiliar de la juez para comunicar los elementos que sirvieron de base para decretar la libertad.

El ex ministro Castro y Castro afirmó que instituciones como la PGR no pueden experimentar con cosas tan serias, como la persecución de una persona, y menos aún que por la falta de experiencia de sus titulares dañe o se pretenda dañar la imagen personal y familiar de los individuos.