Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de junio. El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, afirmó que el gobierno federal sigue debiéndole a la sociedad en materia de combate al delito de secuestro, y llamó a los procuradores de justicia del país a continuar esta lucha asumiendo cabalmente cada quien su responsabilidad de cara a la sociedad mexicana. Tenemos que darle cuentas claras y verdaderas a la población sobre nuestro desempeño y sobre el cumplimiento de nuestros compromisos. Tenemos que hacer un esfuerzo para recobrar esa confianza, advirtió.

Al inaugurar la 25 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en representación del presidente Felipe Calderón, Blake dijo a los procuradores que en lo que va de este año se han registrado 237 casos de secuestro, de los cuales 143 se cometieron en el estado de Tamaulipas.

“Nuestro país enfrenta uno de los más grandes desafíos de las últimas décadas, que es, precisamente, restablecer el estado de derecho para lograr que todos los mexicanos trabajen y vivan en armonía y en condiciones de seguridad y de paz.

No obstante, lo apremiante de la demanda de la sociedad que clama seguridad, justicia y paz, y a pesar de que hace casi ya tres años el gobierno en sus tres órdenes y los poderes de la Unión firmamos el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, tenemos importantes compromisos pendientes para revertir la debilidad de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en todo el país, dijo Blake Mora ante los procuradores de todo el país.

Al referirse a los casos de secuestro, el secretario de Gobernación apuntó que “en 2008, año en que se firmó el acuerdo por la seguridad, México padeció mil 172 casos de plagio, y los cinco estados con mayor número fueron el Distrito Federal (231), estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua.

En 2011 se han perpetrado 837 casos de secuestro y cinco estados concentran el mayor porcentaje del total nacional: Tamaulipas, ahora a la cabeza con 143, seguido por estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, señaló.

Sostuvo que no es posible continuar respondiendo con lentitud ante los problemas y el delito, que lastima e invade a diario a las instituciones, a las comunidades y a las familias. Porque, indicó, el deber fundamental del Estado mexicano es salvaguardar la seguridad e integridad de sus habitantes y, más allá de los riesgos que implica el cumplimiento cabal de las responsabilidades que desempeñan, ustedes (dijo a los procuradores) tienen la ventaja de no tener que asumir costos políticos, pues su tarea está delimitada por cumplir y hacer cumplir las leyes.

Para concluir, dijo que un Estado que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos enfrenta necesariamente el riesgo de su propia disolución.