Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de junio. Procuradores de todo el país aprobaron la creación de bancos de identificación genética de víctimas mortales del crimen organizado, y también un registro de personas reportadas como desaparecidas, para tener información real de ambos fenómenos y la posibilidad de cotejar la identidad de quienes fueron asesinados, revelaron participantes de la 25 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República (PGR) iniciará, con más de 10 mil 500 muestras genéticas, el banco de datos de personas presuntamente asesinadas por el crimen organizado (y) que no han sido reconocidas, entre ellas los restos de 266 migrantes asesinados e inhumados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y abril de este año, así como los más de 290 cadáveres extraídos de fosas en el estado de Durango el mes pasado.

Los funcionarios consultados señalaron que las muestras genéticas que ya existen, y las que aporten todas aquellas personas que tengan familiares desaparecidos, serán confrontadas para tratar de identificar a víctimas ya localizadas.

Durante el encuentro, los procuradores del país estuvieron de acuerdo en la necesidad de construir un protocolo para el levantamiento e identificación de cadáveres y restos humanos.

La propuesta fue realizada por Marisela Morales, titular de la PGR, durante el primer día de trabajos de esta reunión, y se avanzó en su aprobación dado que la procuraduría ya tiene un adelanto al resto.

Durante la inauguración, la funcionaria dijo que la construcción de estas bases de datos tiene la intención de homologar la actuación de quienes intervienen en este procedimiento a través de técnicas y métodos de investigación criminalística que permitan arribar de manera científica a la identificación de los cadáveres, determinar las causas, forma y circunstancias del deceso.

Rivalidad delincuencial

Puntualizó que durante la sesión plenaria, los encargados de procurar justicia abordarían el tema respecto de los lamentables decesos relacionados con la rivalidad delincuencial en México, para conformar mecanismos que permitan la homologación y consolidación de información en esa materia, con la intención de documentar cada uno de los homicidios perpetrados con su correspondiente actuación ministerial, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos y abatir la impunidad de los infractores.

Esto se logrará, señaló la procuradora Morales, “formalizando un protocolo para el intercambio de información y la estructuración de las bases de datos por fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, estableciendo el compromiso sólido por parte de los miembros de esta conferencia para reunir la información ministerial y jurídica de cada uno de los eventos en que se hayan dado muertes producto de enfrentamientos y ejecuciones entre miembros de la delincuencia o agresiones contra las autoridades. Esto nos permitirá tener en un solo sitio la consolidación de los esfuerzos realizados por las procuradurías y fiscalías generales de justicia y de la PGR, dijo la maestra Morales Ibáñez.

En tanto, la base que contendrá los registros de personas desaparecidas se construirá con los reportes que proporcionen las procuradurías locales, revelaron funcionarios que participan en la conferencia de procuradores.

A ese respecto, Manuel de Jesús López López, procurador de justicia de Oaxaca, señaló que en los pasados tres años en su entidad se han reportado alrededor de 25 a 30 desapariciones, y al menos la mitad de ellas corresponde a ciudadanos que pretendían migrar a Estados Unidos, de los cuales no se sabe nada, pero se presume que su último registro se tuvo en Tamaulipas.

Niños desaparecidos

Durante el primer día de trabajos formales, los procuradores también discutieron los mecanismos que puedan ser más eficaces para la localización de menores desaparecidos o extraviados, como parte del llamado Proyecto de Alerta Amber, el cual tiene como objetivo crear una red entre autoridades, organizaciones civiles y medios de comunicación para la búsqueda de los pequeños.

También se discutió la situación de la frontera sur de México, pues de acuerdo con la titular de la PGR, la zona se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, ya que el flujo ilegal de personas y mercancías que registra, así como el fenómeno delincuencial que genera, exigen que se refuerce la coordinación interinstitucional para mejorar la vigilancia, la seguridad y el respeto de los derechos humanos en esa zona.