Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, manifestó ayer que ha sido una propuesta de las organizaciones que defienden a los migrantes crear un registro nacional de personas desaparecidas. Sin embargo, este mecanismo que piensa llevar a cabo el gobierno debe estar al servicio de los familiares de las víctimas, pues de otro modo no tendría sentido.

El activista destacó que el registro nacional de personas desaparecidas podría ser un mecanismo eficiente, pero el riesgo es que sólo sea útil a la autoridad. Lo desable es que las personas que tengan familiares desaparecidos puedan tener acceso a ese registro y consultarlo.

Ese registro puede tener la utilidad de conocer el número y las cifras del total de personas en esa situación en el país, pero no debe quedarse sólo en una estadística, tiene que llevarse a cabo una investigación caso por caso; si no, de nada sirve.

Abundó que esa medida será útil, pero no suple la investigación que deben realizar la policía o los agentes del Ministerio Público para encontrar a las personas desaparecidas.

Ponderó lo difícil que es para las familias ubicar a una persona desaparecida, sea migrante o no, porque no hay información; por ello este registro tendría que contener datos homogéneos de todos los municipios del país, para que sea útil y permita la localización requerida, pero también es necesario que se realicen las indagatorias en cada caso.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, dijo que la idea de crear el registro nacional de desaparecidos es buena, y expuso como ejemplo la reciente visita de los integrantes del comité sobre desaparición forzada, quienes expusieron que en el país se tiene un problema porque no se tiene una cifra, un número oficial de personas desaparecidas; hasta ahora el número más alto es el que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que habla de más de 5 mil.

Hay una disparidad enorme en las cifras que tienen las autoridades, la CNDH y las organizaciones no gubernamentales. Por ello este registro es una buena idea y buena herramienta, pero esperamos que se tenga muy claro lo que es una desaparición forzada, agregó.

El director del Centro ProDh añadió que junto con el registro debe existir una lista de las personas que están detenidas para saber quién fue la última autoridad que tuvo contacto con ellos, ya que hay testimonios que hablan de que policías municipales aprehendieron a alguien y lo entregaron a policías federales, y resulta que ya no se vuelve a saber nada de la víctima.

Sin embargo, destacó, hay que tener mucho cuidado sobre la coordinación entre las procuradurías estatales y la PGR; la intención es buena, pero debe existir claridad de lo que se quiere con ese registro y sobre todo que no se trata nada más de dar a conocer cifras, sino de realizar investigaciones para conocer quién o quiénes desaparecieron a las personas y sobre todo por qué.