Actos simulados en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y miles de familias fueron realizados por diversas constructoras y sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y de objeto múltiple (Sofomes), al vender conjuntos habitacionales en varias entidades del país, en 2003, sin la infraestructura para el suministro de energía eléctrica, agua potable y otros servicios, por los cuales pretenden cobrar a los afectados.

Según denuncia que presentó José Humbertus Pérez, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), reclaman a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) que responda por las obligaciones contraídas con las familias afectadas, según la ley, pues esa entidad otorgó recursos multimillonarias a Sofoles y Sofomes –creadas en la gestión de Vicente Fox– sin que existieran garantías para recuperar el dinero.

Un ejemplo lo constituye Metrofinanciera, Sofom a la cual la SHF autorizó una línea de crédito por 22 mil 600 millones de pesos, de los cuales quedaron en firme 12 mil 500 millones de pesos. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resolvió en su reciente auditoría que la SHC, no actuó bajo las sanas prácticas ni conforme al Manual de crédito y garantía de pago oportuno, pues sólo en este caso, de siete, se convirtió en la tenedora de 95.2 por ciento de la participación accionaria de la Sofom, con el fin de rescatarla y sanearla para mantenerla como negocio en marcha.

Esas financieras otorgaron a su vez recursos a constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Geo, Sadasi, Promotora de Viviendas Integrales y otras que defraudaron a medio millón de familias.

El caso del conjunto habitacional Villa del Real, fases I y II, en Tecámac, estado de México, ilustra tal situación, pues se realizaron 3 mil 777 avalúos sin estar construidos los inmuebles vendidos.

Pese a ello, en los avalúos afirmaban que existían, servicios públicos, equipamiento urbano, líneas áreas de electrificación, pavimentos de concreto hidráulico, banquetas, drenaje, servicios de transporte, escuelas, mercados y comercios. En la denuncia, se acredita la simulación con la bitácora de supervisión de control de obras de infraestructura, urbanización y equipamiento de conjuntos urbanos.

Los afectados en Tecámac, al acudir ante la CFE, fueron informados que contrario a lo que reportó la constructora Urbi, la fraccionadora no cuenta con planos del proyecto, inventarios físicos valorizados, facturas de materiales y otros. CFE señaló que toma como válidos los documentos que se presentaron ante LFC y prestará el servicio –lo que implica asumir los costos de la infraestructura, advirtió Pérez–, pero sigue pendiente la entrega de los referidos documentos.

Los fraudes involucran a familias que arrendaron con opción a compra, que pagaron sin que Urbi ingresara el dinero a un fideicomiso para garantizar el pago a SHF y eventuales daños. La corrupción llegó a tal grado que el síndico municipal de Técamac presentó una controversia constitucional ante la Corte, que ya ganó, contra el ex titular de Desarrollo Urbano del estado de México, Miguel Ángel García, por autorizar la construcción del conjunto urbano habitacional sin tener atribuciones de ley.