La Procuraduría General de la República (PGR) amplió ayer a 96 horas el término de ley para determinar la situación jurídica del ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, y solicitó a un juez que se le arraigue por 40 días, debido a que los fiscales que indagan el supuesto acopio de armas en la casa del político encontraron indicios de probables vínculos del mexiquense con la delincuencia organizada.

En el transcurso de este martes el juez de turno notificará al Ministerio Público federal si concede el arraigo solicitado por las autoridades.

La noticia de los supuestos vínculos del político priísta con actividades del crimen organizado provocó que María Elvia Amaya y Alejandro Hank, esposa e hijo del detenido, respectivamente, declararan en diversas entrevistas radiofónicas que hay una clara intención de los fiscales de mandar al empresario a una cárcel.

Esto no es más que una consigna para perjudicar a Jorge, para manchar la imagen de nuestra familia. Son varias las violaciones a nuestros derechos fundamentales. Para empezar, entraron sin orden de cateo, allanaron nuestro domicilio, amordazaron a Jorge, lo pusieron contra la pared y entonces los militares aprovecharon para sembrar las armas mientras el ingeniero estaba de espaldas a ellos, dijo Amaya en una de las entrevistas telefónicas que concedió a noticiarios que se difunden en el Distrito Federal.

Añadió que además violaron dos suspensiones provisionales obtenidos en vía de amparo que impedían el traslado de su esposo de Tijuana al Distrito Federal.

Nada de flagrancia

“También es mentira que fuera un ingreso a nuestra casa en flagrancia. Las puertas estaban cerradas. Ellos entraron como a las 3 de la mañana del sábado. Aprovecharon que era de madrugada para sorprender a nuestros elementos de seguridad privada. Nunca nos mostraron una orden de cateo. Mentira que hubiera sido un operativo militar en flagrancia”, puntualizó la mujer.

De su lado, Alejandro Hank, uno de los hijos del político detenido, contó que el sábado en la madrugada “militares entraron a la casa con uniformes camuflados. Otros vestían de negro. También había hombres en bermudas. En todo momento nos amedrentaron (…) Todo esto es un invento de los enemigos de mi padre. Las únicas armas que yo había visto en esa casa donde he vivido toda mi vida eran las que usaban los guardias, pero se trata de armas cortas que contaban con su permiso”.

Refirió que su padre es un hombre controversial y por eso sabemos que tiene mucha gente que lo quisiera afectar, pero de ahí a que tuviera todas esas armas, eso es una mentira. Estamos en total apoyo, junto con mis 18 hermanos, a la inocencia de mi padre, expuso Alejandro Hank, de 33 años de edad.

La versión oficial, difundida por la PGR en un comunicado, contradice a los Hank.

Según la dependencia que encabeza Marisela Morales, “la duplicidad del término constitucional por 48 horas más evitará que los indiciados se sustraigan a la acción de la justicia, mientras se deslinda su participación en la comisión de delincuencia organizada, ilícito con el que pudieran estar relacionados por el número de personas detenidas en flagrancia y por el tipo de armas que les fueron aseguradas”.

Un fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –que pidió el anonimato– reveló a La Jornada que entre el domingo pasado y la madrugada de ayer se tomó la declaración de los empleados de Hank Rhon detenidos junto con el político.

Detectamos que hay contradicciones entre los dichos de los 11 inculpados. Hay también indicios de probables vínculos con actividades encuadradas en el tipo penal de delincuencia organizada y debemos desahogar esta vertiente, dijo el fiscal a este diario.

Será a más tardar en la madrugada del próximo jueves cuando la PGR definirá si el empresario queda sujeto a arraigo, si se le consigna a un juzgado de distrito o si el Ministerio Público le concede la libertad con las reservas de ley.

El plazo legal de 96 horas no tiene como punto de partida el momento del aseguramiento de un presunto delincuente (Hank fue detenido la madrugada del pasado sábado), sino comienza a correr a partir de su puesta a disposición ante la PGR, lo cual ocurrió a la 1:30 del siguiente día de su captura.

En el comunicado, la Procuraduría General de la República indicó que los detenidos fueron identificados por la dependencia federal como Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos.

La institución que encabeza Marisela Morales destacó que los 11 inculpados se encontraban en flagrante posesión ilícita de armas de fuego, de las cuales no pudieron acreditar la legal posesión, por lo que se inició una averiguación previa con motivo de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por la noche, el abogado tijuanense Fernando Benítez confirmó en entrevista que Hank Rhon se reservó su derecho a declarar y aseguró que el caso lo terminará perdiendo la PGR en tribunales, porque hay un cúmulo de violaciones constitucionales.

Una vez que se demuestre ante un juez la inoperancia del argumento de delito en flagrancia, la autoridad jurisdiccional tendrá que invalidar lo que se hubiera encontrado en el interior de la casa y que pudiera servirle como prueba incriminatoria al Ministerio Público, dado que la jurisprudencia refiere que todo lo hallado en cateos sin orden judicial debe ser invalidado, puntualizó el litigante.