a crisis nacional agudizada por la estrategia de combate al crimen organizado y sus saldos de muertes impunes está colocada de manera muy explicable en el centro de nuestras preocupaciones. Sin embargo, también es tiempo de dar cuenta de otro tipo de daños colaterales que no son los de la muerte de ciudadanas y ciudadanos, como les ha señalado el ocupante de Los Pinos. Me refiero al hecho de que el gobierno practica, también impunemente, su política de otorgamiento de concesiones para megaproyectos sin considerar siquiera la opinión de las poblaciones afectadas cuyos derechos históricos adquiridos simplemente se ignoran. Los movimientos opositores a tales proyectos son invisibilizados y criminalizados con la complicidad de los grandes medios, sobre todo electrónicos, y con el muy escaso o nulo interés de los partidos políticos, para quienes la ciudadanía sólo es útil en tiempos electorales. Hoy México lamentablemente está en los medios internacionales por la muy alarmante nota roja y poco se conoce sobre el avance neoliberal en la imposición de proyectos, el arrasamiento de sus pueblos, menos aún por la persistente defensa social frente a ellos.

Un ejemplo de ello es el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que enfrenta desde hace seis años una desigual lucha frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del gobierno de Jalisco por la oposición a la construcción de la presa El Zapotillo, cuya autorización está plagada de irregularidades (empezando por la manifestación de impacto ambiental que sirvió de base para la aprobación del proyecto), las cuales se han comprobado ante instancias judiciales (amparo otorgado por el juzgado auxiliar de distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 2262/2008, que dicta instrucciones para que se cancele la obra) y la comisión estatal de derechos humanos (recomendación 35/2009), entre muchos otros resolutivos en favor de los pueblos amenazados de ser sepultados por el agua con toda su historia, cultura, monumentos históricos y que simplemente se pretende intercambiar por la promesa de un nuevo centro de población. Para refrendar la postura sobre este proyecto se organizó la consulta comunitaria de enero de 2011, donde 98 por ciento reiteró su rechazo al mismo. Ante la postura de continuar el proyecto e incumplir las resoluciones judiciales, el pasado 28 de marzo de 2011 un grupo de comuneros se estableció en plantón para impedir el avance del mismo. La solidaridad desplegada en su defensa logró que Conagua, Gobernación y la CEA abrieran unas mesas de diálogo que fueron aceptadas por los comuneros con el compromiso de retirar las denuncias penales en su contra.

Se realizaron cuatro y la llamada mesa final o resolutiva, que se desarrollaba el pasado 1º de junio en Tepatitlán, fue abruptamente suspendida por los funcionarios federales José Luis Luege Tamargo, director general de la Conagua, y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, rompiendo el diálogo con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y declarando a la prensa que la presa El Zapotillo es un proyecto que no se detiene. Ante ello el comité ha emitido un boletín señalando que el gobierno no cumplió siquiera con retirar las denuncias penales cuyo compromiso no estaba condicionado a que se lograran acuerdos en el diálogo. Por su parte, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) ha condenado las acusaciones contra el sacerdote Gabriel Espinoza, activo acompañante de los comuneros, desde la CEA, calificándolo de alborotador, fanático y manipulador de la gente, lo cual incrementa el riesgo de confrontación. Por otra parte, el mismo Mapder ha recordado que la familia Hank Rhon es dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción, a quienes el gobierno ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC), cuya dueña, la empresaria Esther Koplowitz, realiza en su país obras de aparente beneficio social mientras en el nuestro participa del plan de arrasar a los pueblos (boletín del 5 de junio de 2011).

Este caso constituye un vivo retrato del rol del Estado como abogado del capital. Las empresas favorecidas por la licitación no requieren siquiera dar la cara; para ello les sirven las instituciones, cuya práctica anticonstitucional es proteger sus intereses frente a los de las poblaciones afectadas, y todo ello en nombre del supuesto interés general.

Que la parte oficial patee la mesa de diálogo no sorprende; ésos son los auténticos usos y costumbres del poder. ¿Quién de ellos recuerda que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo?