En la Secretaría de Gobernación se violan las normas más elementales en materia laboral y se obliga a los trabajadores a firmar por anticipado renuncias voluntarias. Lo anterior, a pesar de que la dependencia es la responsable de vigilar el cumplimiento de la ley y de garantizar la estabilidad interna del país.

Según documentos oficiales y testimonios de afectados, desde la llegada de Francisco Blake Mora a la dependencia (en julio de 2010) trabajadores de diversas áreas, incluyendo personal de la oficina del secretario, han sido despedidos y sus prestaciones disminuidas.

Los denunciantes –vía tribunales, ante la opinión pública o en cartas entregadas a este diario– tenían plazas designadas de servicio profesional de carrera o de confianza hasta con 15 años de antigüedad. Muchos han sido cesados y a otros les fueron cambiadas sus plazas por contratos de honorarios, con el precedente obligatorio de firmar renuncias anticipadas.

Señalan que el titular de Gobernación ejerce su función con base en toda clase de excesos; concede plazas a sus amigos, amigas y paisanos procedentes de Tijuana, Baja California, quienes perciben altos salarios. Ojalá que alguien avise al presidente Calderón”, expresan.

“Desde la llegada de Blake todos somos sus sirvientes, no trabajadores. Utiliza recursos de la dependencia para asuntos personales. Además, ordenó remodelar y comprar mobiliario para sus oficinas del Palacio de Covián, pese a que en el gobierno federal se afirma que hay planes de austeridad.

Además despide con mecanismos ilegales a quienes denuncian las irregularidades.

Para ejemplificar lo dicho presentaron cartas de renuncias anticipadas que fueron expedidas con copia para Gustavo Manríquez Flores, director general de recursos humanos de la dependencia.

En esos documentos –que signan los empleados como única alternativa para no perder su trabajo– se lee: “Me permito informarle que por decisión propia y por convenir a mis intereses profesionales que, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula décimo segunda del contrato de prestación de servicios profesionales que tengo celebrado con la Secretaría de Gobernación en este ejercicio fiscal, dejaré de prestar mis servicios independientes al finalizar el plazo de 30 días naturales determinados en el instrumento legal de referencia, contados desde el día siguiente de la fecha de la presente.

Asimismo, hago constar que la Secretaría de Gobernación no me adeuda cantidad alguna por concepto de honorarios, por lo que en este mismo acto libero a la dependencia de cualquier reclamo judicial o administrativo, por lo que bajo protesta de decir verdad no me reservo acción legal alguna que pueda derivar en controversia judicial o administrativa, extendiendo el más amplio finiquito por los honorarios profesionales recibidos.

Los nombres de los denunciantes y de quienes entregaron los documentos no se hacen públicos a petición suya y para evitar más represalias.

Las irregularidades en materia laboral, hostigamiento y discrecionalidad en la asignación de recursos y salarios comenzaron en 2008 con denuncias públicas de empleados de la Subsecretaría de Gobierno. Siguieron otros casos en la de Asuntos Jurídicos. En esta última fueron cesados varios abogados, precisamente en el área donde se procesan las demandas laborales contra Gobernación. Enseguida hubo inconformidades en la de Asuntos Legislativos, porque les hicieron firmar guardias que significaban un aumento sin precedente en la jornada laboral, sin retribución extraordinaria. Sólo nos decían que debíamos permanecer trabajando hasta que se retiraran el secretario y el subsecretario. Varios firmamos bajo protesta.