La espiral de violencia en el estado de Chihuahua, lejos de disminuir con la llegada del Ejército y la Policía Federal, está llegando a extremos inéditos, y la causa principal es la actitud omisa y negligente de las autoridades locales, afirmó Malú García Andrade, vocera del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

En entrevista telefónica con La Jornada, la activista –cuyo domicilio en Ciudad Juárez fue incendiado por desconocidos el pasado día 17– alertó que el clima de ingobernabilidad en dicha urbe ya ha sobrepasado a las autoridades de todos los niveles.

“El índice delictivo ha aumentado en extorsiones, asesinatos, feminicidios y trata de personas, y ahora está el nuevo fenómeno de las agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias, que es todavía más vergonzoso y lamentable”, deploró.

La principal causa de dicha situación es la actitud omisa y negligente del gobierno local, así como la falta de una estrategia que atienda de raíz las necesidades de la gente.

Un ejemplo de ello es el programa Todos Somos Juárez, que no ha tenido resultados palpables. No podemos decir que la violencia ha bajado, sino al contrario. El alcalde de Juárez (Héctor Murguía) peleó cuando asesinaron a su escolta, pero cuando matan a un activista dice que es un tema del fuero federal, y entonces tu vida no vale nada, acusó.

“Aunque no es posible afirmar que las autoridades están en complicidad activa con el crimen organizado, sí puede decirse que lo están por omisión, ya que hasta el momento no han avanzado en las investigaciones sobre diversos ataques contra defensores de derechos humanos, a quienes incluso responsabilizan de las agresiones.

No ha habido ningún progreso; lo único que hacen es un gran simulacro, pero no dicen cuáles son sus resultados. El protocolo de rastreo que realizan en estos casos incluso borda el ridículo. Sólo es una justificación para rellenar expedientes que no están basados en una investigación seria, afirmó.

García Andrade consideró que lo que ocurre en Ciudad Juárez y Chihuahua ya está en la categoría de Estado fallido, pues se trata de lugares ingobernables, donde no se respetan los derechos de los ciudadanos y las autoridades sólo actúan en beneficio suyo y de sus familias.

Ante dicha situación –apuntó–, uno de los últimos recursos es llamar la atención de organismos internacionales de derechos humanos para que denuncien los abusos y obliguen al gobierno mexicano a actuar.