Es procesado por delincuencia organizada e ilícitos contra la salud
Jueves 24 de febrero de 2011, p. 14
El mayor Arturo González Rodríguez, ex integrante del Estado Mayor Presidencial (EMP) y procesado penalmente por su presunto involucramiento con el cártel de los Beltrán Leyva, está en etapa de que se le dicte sentencia por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por parte del juzgado primero de distrito con sede en Nayarit.
El militar señalado como informante de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, podría ser condenado a 40 años de prisión en caso de ser encontrado culpable. Sin embargo, en los cargos que se le imputaron por parte del Ministerio Público Federal no existe nada relacionado con el delito de revelación de secretos, entre ellos la entrega a ese grupo criminal del expediente médico del presidente Felipe Calderón, según información del gobierno de Estados Unidos elaborada por el ex embajador Tony Garza, la cual consta en los documentos confidenciales obtenidos por Wikileaks y difundidos por La Jornada.
Fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que el caso ha sido desahogado por el juzgado primero de distrito en materia penal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Rincón, que se localiza en Nayarit, y en los próximos dos meses se podría dictar una sentencia, toda vez que ya se desahogaron todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal y también las entregadas por la defensa del militar.
Se debe mencionar que el mayor González Rodríguez era uno de los encargados de brindar seguridad al presidente Felipe Calderón, y que al ser parte de las fuerzas armadas podría haber sido sujeto a juicio en el ámbito castrense; sin embargo, su captura y procesamiento se ha mantenido en un bajo perfil, a pesar de haber sido considerado uno de los militares de más alto rango que se involucraron con el crimen organizado en esta administración.
González Rodríguez fue investigado como parte de la llamada Operación limpieza, que inició a raíz de las investigaciones realizadas por agentes de Estados Unidos que laboran en la embajada de ese país en la ciudad de México y que contrataron a funcionarios mexicanos para servir como informantes de agencias de ese país como la antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y también el órgano encargado de Inmigración y Aduanas.
