La organización Human Rights Watch (HRW) apremió al gobierno mexicano a llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva de los ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos y sus familiares en el estado de Chihuahua.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, sostiene que esas agresiones evidencian la necesidad de adoptar un mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y la importancia de convocar a las organizaciones no gubernamentales para que participen en el diseño de dicho sistema.

Vivanco cuestionó: ¿cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad?

Destaca que “varios activistas de Chihuahua dijeron a HRW que los asesinatos y demás ataques contra defensores han despertado temor en la sociedad civil y que, en consecuencia, algunos integrantes de sus organizaciones han asumido un perfil más bajo durante las actividades públicas, como las protestas organizadas para exigir que se ponga fin a la impunidad por los feminicidios”.

HRW hizo un recuento de algunos casos de defensores que han sido asesinados o atacados, como los de Sara Salazar y María Luisa García Andrade, ocurridos el 15 y 16 de febrero de este año, cuando sus viviendas fueron incendiadas, en dos incidentes distintos. Ellas trabajan para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Dos de los hijos de Salazar, Elías y Magdalena Reyes Salazar, así como la esposa de Elías, Luisa Ornelas, fueron secuestrados el 7 de febrero y aún se desconoce su paradero”.