El proyecto de dictamen que discutirá hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la decisión que paralizó el acuerdo presidencial que establece las bases del apagón analógico y acelera la transición digital, propone que quede sin efecto la suspensión de dicha orden del Ejecutivo federal.

Sin embargo, el documento elaborado por José Ramón Cossío Díaz precisa que aun cuando se levante dicha suspensión, el gobierno federal no podrá concesionar la banda de 700 Mhz, ni asignar nuevas concesiones y permisos de radiodifusión que operen únicamente con transmisiones digitales, hasta que el pleno de ministros resuelva el fondo de la controversia constitucional que presentó el Congreso en contra del presidente Felipe Calderón por la promulgación de dicho acuerdo, que prevé adelantar la transición a la televisión digital y que ésta entre en operación en 2015 en lugar de 2021, como definió originalmente un decreto promulgado por Vicente Fox en 2004.

El proyecto plantea revocar la suspensión del acuerdo –concedida por la ministra instructora de la controversia, Olga Sánchez Cordero cuando admitió la demanda del Congreso en contra de Calderón por violar la esfera de competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)–, pero deja en claro que no le recomienda al gobierno firmar ningún acuerdo, contrato o convenio en materia de televisión digital. Porque si la Corte declara inconstitucional el acuerdo, cualquier acción promovida por la autoridad quedaría sin efecto.

De acuerdo con información obtenida en la Corte, Cossío considera que el acuerdo es una norma general y por eso es improcedente la suspensión; en cambio Sánchez Cordero resolvió que éste es un acto del Ejecutivo federal destinado a sus subordinados y por ello procede la suspensión.

Trascendió que el nuevo ministro Jorge Pardo Rebolledo sería el fiel de la balanza en su primera intervención en la primera sala, ya que Sánchez Cordero mantendrá su postura a favor de la suspensión completa, mientras Arturo Zaldívar y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia dividen sus opiniones.

Cossío argumenta que debe seguir vigente la suspensión en tres artículos (primero párrafo cuarto; segundo, octavo párrafos segundo y tercero, y undécimo) que se refieren a la liberación de la banda de 700 Mhz y las atribuciones de las secretarías de Desarrollo Social y de Economía en este proceso de transición a la televisión digital.

Así, el gobierno federal no podría liberar la banda de 700 MHz para 2012 y ni otorgar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.

La Cofetel tampoco podría impulsar medidas que terminen con las transmisiones de televisión analógica, ni asignar nuevas concesiones y permisos de radiodifusión que operen únicamente con transmisiones digitales.

La Secretaría de Economía tampoco instrumentaría medidas para la comercialización de los receptores o decodificadores digitales, y la Secretaría de Desarrollo Social no estaría autorizada para difundir entre la población con acceso a sus programas sociales, la terminación de las transmisiones de televisión analógica en el país, ni información sobre los apoyos que se destinen para impulsar la recepción de señales de la televisión digital terrestre.

La suspensión que está vigente deja sin efecto todas las medidas contenidas en el acuerdo hasta que el pleno determine si el Ejecutivo federal invadió o no la esfera de competencias de la Cofetel.