La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen que establece la designación de nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino y la ratificación de tres más.

En su sesión de ayer, la instancia también aprobó un dictamen que da luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del tribunal, que permitirá la relección del presidente del órgano judicial. Ambas iniciativas serán llevadas al pleno este jueves para su eventual aprobación.

Sin embargo, el listado de candidatos presentado por el jefe de Gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard Casaubon, ha causado inconformidad a los jueces, pues entre los aspirantes hay dos secretarios de acuerdos, una proyectista y hasta un ex líder sindical que nunca han sido juzgadores.

Es el caso del actuario Elfego Bautista Pardo, actual procurador de la Defensa del Trabajo y ex secretario general del sindicato de trabajadores del TSJ, quien en 2003 fue acusado de cometer fraude en la caja de previsión social de la Policía Preventiva.

A él se suman Mónica Venegas Hernández y Edilia Rivera Baena, secretarias de acuerdos, así como Martha Patricia Tarinda Azuara, secretaria proyectista, quienes tampoco tienen experiencia como juzgadoras.

Entre los jueces que se espera serán ratificados están el 19, Rafael Guerra Álvarez, quien llevó el caso New’s Divine; la 52, Irma Guadalupe García Mendoza, caso Coppel, procesos en los que están involucrados funcionarios públicos, sin que ninguno se encuentre encarcelado.

También están la 30 penal, Celia Marín Sasaki, cuyas consignaciones por el caso Cabañas fueron refutadas por un juzgado federal; la juez civil María del Rosario Marinco Ortega y la de lo familiar María de Lourdes Loredo Abdalá.

Además de ellos se espera que serán avalados Álvaro Augusto Pérez Juárez, Rogelio Antolín Magos Morales y Elsa del Carmen Arzola.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura del DF inhabilitó 10 años para desempeñar cargos en el servicio público a Diana Trujillo Neri, ex empleada del juzgado 43 penal, por falsificar pedimentos judiciales para el traslado de internas del penal femenil de Santa Martha Acatitla al Reclusorio Norte, que presuntamente eran prostituidas con reos de dicho centro. Esta mujer ya había sido sentenciada, el 19 de enero pasado, a cuatro años y seis meses de prisión por falsificación de documento público, aunque alcanzó el beneficio de la libertad bajo fianza.