La actitud del Gobierno del Distrito Federal (GDF) de negar la violación de derechos humanos con la supervía poniente pone en riesgo el avance democrático en la ciudad de México, manifestó el director del Centro Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga Valenzuela.

En entrevista, calificó de incongruente que una administración que pretende conducirse con los estándares de protección más altos en materia de derechos humanos responda a la recomendación 1/2011 con una descalificación institucional, al cuestionar las premisas de investigación y las conclusiones del ombudsman capitalino.

En específico se refirió al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Carta de la Ciudad de México por el Derecho: Ahí hay una distancia que también podemos tomar las organizaciones que hemos participado en ellas.

Si bien el fuerte del centro Pro es la defensa de los derechos humanos y no la incidencia en políticas públicas, dicha organización participó en la elaboración del diagnóstico y programa. Arriaga fue invitado a opinar sobre temas de seguridad y justicia.

La consulta anunciada por el GDF en torno a la supervía no tiene sentido si no se suspende la obra. La pretensión de realizarla representa un intento por legitimar una acción gubernamental decidida. Es una simulación. Advirtió que se quiere manejar como una especie de concesión y gesto de buena voluntad, cuando es una obligación legal y política. Los derechos humanos no pueden reducirse a una situación plebiscitaria.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, durante la entrevistaFoto Marco Peláez

El Centro Pro ha llevado la defensa, entre otros casos, de los mineros de Pasta de Conchos, de la indígena Jacinta y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

No toca al gobierno determinar si hubo abusos

Arriaga explicó que los derechos se caracterizan por su interdependencia, pues no se pueden separar unos de otros, y que la facultad para determinar si fueron violentados no corresponde al GDF, sino al órgano jurisdiccional o bien a los organismos públicos autónomos, como la CDHDF. Los derechos no se negocian; si se violan, se tiene que reparar el daño.

El también integrante de la Comisión Civil de Acompañamiento dijo que las demandas del Frente Amplio se han centrado en el fondo del asunto, que es la suspensión de la obra, en tanto el gobierno mantiene su discurso en un aspecto de forma.

“Creemos que no acceder a la suspensión de la supervía representa una falta de voluntad política. Más allá de los discursos, no se quieren dar avances concretos en materia de derechos humanos en la ciudad.”

Consideró que las expresiones en favor de la obra tienen un origen dudoso, ya que se produjeron días antes de que se emitiera la recomendación y se limitan a reproducir el discurso gubernamental.