La red de negocios de la agencia turística del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) se extendió incluso a contratar servicios de capacitación, adiestramiento y formación de escoltas para el Servicio de Protección Federal (SPF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que vende protección y vigilancia a dependencias gubernamentales y órganos autónomos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que al revisar los estados financieros del SPF detectó que como Turissste es una agencia de turismo, subcontrató los cursos de capacitación con 11 empresas privadas, a las que facturó 13 millones 944 mil pesos.

Sin embargo, como ha ocurrido en todos los contratos revisados por la auditoría a Turissste, la dependencia cobró 10 por ciento de comisión a las empresas que capacitaron a los escoltas, por lo que el total de facturación al Servicio de Protección Federal fue de 15 millones 352 mil pesos.

Entre las irregularidades que la ASF encontró en la dependencia policiaca, subordinada al mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, resalta que el SPF asignó de manera gratuita a los 64 guardias que custodian la Catedral Metropolitana e impiden que los feligreses se acerquen al cardenal Noberto Rivera Carrera.

La custodia del templo se decidió, indica la ASF, con un convenio firmado el 25 de junio de 2009 entre la Iglesia católica y la Policía Federal, cuyas cláusulas establecen que las partes se otorgarán en forma recíproca el apoyo necesario en materia de recursos humanos, materiales y tecnológicos que pudieran requerir en cumplimiento de sus respectivas funciones y responsabilidades.

No obstante, detalló, por la vigilancia, que representa un gasto al presupuesto del SPF y ningún ingreso, se vería afectado el objetivo principal (del organismo) de proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias, entidades de la administración pública federal, oficinas de los tres poderes y entes constitucionalmente autónomos mediante el pago de la contraprestación que se determine.

Debido a que el SPF se constituyó por decreto, la Cámara de Diputados no le asignó presupuesto. Así, la Secretaría de Hacienda le transfirió mil 776 millones 869 mil pesos y después le redujo mil 393 millones 30 mil 400, y le quedó un remanente de operación de 383 millones 838 mil 600 pesos.

Para 2010 se le autorizaron mil 478 millones 814 mil 656 pesos. Las tarifas que García Luna publicó en el Diario Oficial de la Federación eran de 720 pesos diarios por un vigilante raso, mil 60 pesos por el servicio de un oficial, con costos mensuales de 21 mil 600 y 31 mil 800 pesos, respectivamente por cada uno.

Los salarios que se pagan a escoltas del SPF son de 9 mil pesos mensuales.

Este esquema de vigilancia comenzó a funcionar en febrero de 2009 y se definió que el organismo no puede vender sus servicios a instalaciones bajo resguardo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Estado Mayor Presidencial.

Aún así, la auditoría encontró que en 2009 Los Pinos firmó dos contratos por 7 millones 298 mil 100 pesos por 60 guardias asignados a la Presidencia de la República, aun cuando la seguridad del Presidente, su familia y la residencia oficial están a cargo del EMP.

Se concluyó que el costo de operación del SPF en 2009 ascendió a 390 millones 766 mil 900 pesos, y que contó con 3 mil 39 guardias, de los cuales sólo 298 estaban en activo por contratos. De éstos, 60 en la Presidencia y los otros 238 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.