La Secretaría de Gobernación remitió un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el cual da cuenta del cumplimiento de la recomendación 07/2009, girada al gobierno federal, sobre el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En 2007, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que sus compañeros fueron desaparecidos en Oaxaca y se encontraban en manos de militares y cuerpos policiacos federales.

Sin explicar en qué consistieron las acciones para que el Ejecutivo federal pretenda dar por cumplida la recomendación, la dependencia sólo informó que se llevaron a cabo diversas acciones y gestiones para atender las peticiones, que incluyeron a los tres órdenes de gobierno. En el documento plantea a la CNDH su disposición a esclarecer las dudas que pudiera tener sobre el cumplimiento de la recomendación.

El gobierno federal aprovecha la oportunidad para convocar a la comisión de mediación a intensificar el diálogo y expresa que es el mecanismo democrático para solucionar los problemas.

En 2008, tras la denuncia de la desaparición de los eperristas, se conformó una comisión de mediación, entre el gobierno federal y el EPR, que estaba integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García (estos dos últimos ya murieron), la cual fue disuelta en 2009, ante falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta del gobierno federal en la investigación que permita dar con el paradero de los dos desaparecidos.

La recomendación

A principios de 2009 la CNDH emitió la recomendación 7/2009, dirigida a los gobiernos federal, de Oaxaca y municipal de la capital de ese estado. En ella se solicitaba llevar a cabo las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida los eperristas desaparecidos, y en el supuesto de que hayan violado la ley ponerlos a disposición de la autoridad competente para que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa.

La CNDH demandó que se asuma la responsabilidad correspondiente y se les repare el daño causado; misma reparación se deberá hacer extensible a los familiares, en caso de que los agraviados ya no se encuentren con vida.

También pidió al gobierno federal que la Procuraduría General de la República, por conducto de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, definiera la averiguación previa correspondiente y que evaluara las diligencias realizadas por quienes se han encargado de investigar la desaparición de los eperristas. Ello para confirmar o descartar que se incurra en un ejercicio indebido de procuración de justicia o una irregular integración de la averiguación previa.

La CNDH determinó que, en caso de que se detectaran irregularidades, se adoptaran las acciones pertinentes para iniciar procedimientos internos contra quienes hubieran cometido acciones o incurrido en omisiones en torno al caso.

De ninguna petición da cuenta la dependencia, pero pone énfasis en que con las acciones efectuadas se avanza sustancialmente en el cumplimiento de las solicitudes planteadas por la CNDH y se ratifica el compromiso gubernamental con el respeto a las garantías básicas.