El decreto presidencial que ordena que las colegiaturas de escuelas particulares serán deducibles de impuestos es una propuesta privatizadora que beneficia al estrato de la población de mayores ingresos, pero los más favorecidas serán los colegios privados, aseguraron investigadores universitarios.

José Franco, vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, dijo que el decreto de Felipe Calderón en realidad otorga un estímulo fiscal al negocio que representan las escuelas particulares, con lo que se transferirán recursos públicos a la iniciativa privada. Descartó que exista un beneficio general para la población, pues sólo se favorecerá a los sectores con mayores ingresos, que es un grupo de por sí ya privilegiado. Es una medida electorera.

El investigador subrayó que el objetivo de la administración de Calderón debería enfocarse en reforzar al sistema público, que tiene una incidencia más grande en la población. Si el gobierno federal desea estimular una buena educación debe asumir el compromiso que tiene con la educación pública y mejorarla. Lo que sí sería bienvenido es que se dedujeran de impuestos a los donativos a colegios públicos para mejorar el mobiliario y los salarios de profesores.

Para Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el punto clave es que la medida transferirá recursos públicos al sector privado. Se trata de un planteamiento que continúa con la línea de privatizar la educación en el país, que comenzó con Carlos Salinas de Gortari.

Subrayó que los colegios particulares viven en un paraíso fiscal, ya que no pagan impuesto sobre la renta (ISR) ni el empresarial a tasa única (IETU). “En el fondo sacarán del erario recursos por 13 mil millones de pesos, que ellos mismos calculan de manera arbitraria, que se transferirían (indirectamente) al sector privado. Suponiendo que en realidad esa fuera la cifra anual –dijo– por qué no etiquetar ese dinero al sector público para ampliar la cobertura y calidad, mejorar infraestructura y la atención escolar”.

El jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés, aseguró que el decreto presidencial es una propuesta muy conservadora que tiende a la transferencia de recursos del sector públicos al privado. Es un proceso típico de privatización de la enseñanza desde la política pública del Estado. Con este tipo de medidas, el país entra a una dinámica de acentuada concentración no sólo de la riqueza, sino también de la información, de la educación y la cultura.

Entrevistado la noche del lunes, al término de la conferencia Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo, en El Colegio Nacional, Valadés dijo que este tipo de propuestas se repiten en los países gobernados por partidos conservadores o de derecha.

Margarita Palominos, especialista en derecho fiscal del IIJ, indicó que mientras por un lado en el país hay escuelas que no tienen las condiciones mínimas para su operación, como luz, agua y techos; por el otro se ofrecen estímulos a colegios que tienen gran capacidad.

Si bien apoyó la propuesta, la investigadora sostuvo que hay muchos rubros por estimular que generarían la reactivación del proceso económico del país y la creación de empleos. También lamentó que esta medida resulte igual de benéfica para familias que pueden costear colegiaturas altas –que es el sector que más impuestos debería pagar–, que para aquellas que con mucho esfuerzo envían a sus hijos a escuelas particulares.

César Velázquez Guadarrama, coordinador de la maestría en políticas públicas de la Universidad Iberoamericana, admitió que de manera particular el sector más beneficiado por esta medida es el de mayores ingresos, pero señaló que muchas personas de no tan altos recursos mandan a sus hijos a escuelas particulares en nivel primaria y secundaria.

El académico sostuvo que los usuarios de la educación privada proporcionan una especie de subsidio al resto de la población, sin recibir ninguna prestación a cambio, por lo que negó que esta medida perjudique a la educación pública. Además, dijo, cualquier iniciativa puede ser considerada electorera por la oposición, pero mientras sea benéfica para la población, es encomiable.