No sólo la delincuencia organizada esta cooptando a menores de edad para incluirlos en sus filas, sino también las fuerzas armadas llevan a cabo esta práctica, y en ambos casos se recluta a jóvenes que viven en la pobreza y no tienen expectativas de futuro, señaló el padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Al participar en la presentación del informe Infancia y conflicto armado, elaborado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, destacó que en el caso de las fuerzas castrenses esto se hace por medio de prebendas y beneficios para quienes entran a las academias y escuelas militares, que en su mayoría son hijos de campesinos o viven en barrios pobres.

Agregó que el informe documenta casos como el reclutamiento de 314 adolescentes de Michoacán, que fueron integrados a un curso de erradicación de cultivos de amapola y mariguana en 2009, a cambio de cumplir con el servicio militar en tres meses, en lugar de tres años, según informes públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Concha Malo cuestionó que los adolescentes que se encuentran en colegios militares y cometen una falta, son juzgados de acuerdo con las leyes castrenses, con la única diferencia de que las penas son recortadas a la mitad.

Resaltó que, según las cifras presentadas por el informe, en el combate contra la delincuencia organizada emprendida por la administración federal, al menos 900 menores de entre 15 y 17 años han sido víctimas de la violencia; sin embargo, agregó, es necesario exigir al gobierno la entrega de información detallada sobre el número de niños que han sido asesinados, heridos o detenidos desde el año 2000 al 2006.

Asimismo, se pronunció porque deje de criminalizarse y estigmatizarse a los adolescentes presuntamente vinculados al crimen organizado, pues con esto se impide la investigación parcial de los hechos.

Por su parte, Juan Martín Pérez García señaló que se tienen detectados tres métodos que utilizan grupos de la delincuencia organizada para reclutar a menores de edad: por el atractivo económico que puede generarles; por vínculos familiares –es decir, que personas cercanas a ellos se dedican a actividades ilícitas– y porque son forzados a prestar servicios a estos grupos por medio de amenazas.

Con estas características, se han detectado cuatro casos en la periferia de Monterrey, dos en Tamaulipas y uno más en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que las víctimas son estudiantes de secundaria y aunque se trata de situaciones emergentes, estos casos pueden marcar una nueva tendencia.