l titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, informó ayer, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el año pasado murieron 111 civiles inocentes en el contexto de la cruzada gubernamental contra la delincuencia organizada, y que la inmensa mayoría de esos crímenes aún aguardan a que se haga justicia.

Sin desacreditar la cifra proporcionada por el organismo, ésta parece conservadora en un entorno marcado por la violencia desbordada; por combates cada vez más encarnizados entre organizaciones delictivas y entre éstas y miembros de la fuerza pública, y por la consecuente pérdida de vidas humanas a un ritmo creciente y exasperante. Un antecedente ineludible al respecto es la información difundida a principios de diciembre pasado por la Procuraduría General de la República, según la cual entre enero y noviembre de 2010 ocurrieron 166 asesinatos de civiles ajenos al crimen organizado, es decir, una cincuentena más de los que la CNDH señaló que ocurrieron en todo el año. En cualquier caso, ambos datos son motivo de escepticismo ante una consideración fundamental: que, en estricto rigor, los más de 30 mil asesinados en el contexto de la cruzada antinarco son inocentes, pues nunca se demostró lo contrario ante los tribunales; por consiguiente, no parece haber elementos propiamente jurídicos para establecer, con certeza, cuántas de esas víctimas eran integrantes de la delincuencia organizada y cuántas deben ser consideradas como parte de las llamadas bajas colaterales.

Ahora bien, las muertes de personas incuestionablemente ajenas a las confrontaciones entre militares y policías y presuntos criminales constituyen, con independencia de su número, son absolutamente injustificables en cualquier conflicto armado. Esas muertes tendrían que ser evidencia suficiente de la inoperancia y el peligro que implica poner a las fuerzas armadas en tareas de policía, ya sea en carreteras transitadas o en entornos urbanos saturados, en los que resulta inevitable la presencia de personas ajenas al conflicto en medio del fuego cruzado. Pero a la falta de voluntad de la autoridad para formular un compromiso efectivo que evite estas muertes se suma, como agravante, la impunidad que suele otorgarse a los servidores públicos –policías o soldados– cuando las bajas civiles les son atribuibles.

Por lo demás, al señalar que el contexto de violencia en el país durante el año pasado provocó una injusta afectación en la espera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia, el ombudsman nacional incurre en una imprecisión: las garantías fundamentales, empezando por la vida, corresponden a todas las personas, sin importar su condición jurídica. Y, en el contexto de la actual estrategia de seguridad pública, la vulneración a los derechos humanos ha afectado personas que no tienen nada que ver con el conflicto, así como a delincuentes, reales y presuntos. Una tarea fundamental de la CNDH radica, precisamente, en denunciar esta situación de quebranto generalizado del estado de derecho y de suspensión de facto de los postulados esenciales de la legalidad, y además de señalar al conjunto de las muertes registradas en el contexto de esta guerra –independientemente de la condición legal de las víctimas– como un saldo indeseable y como una razón adicional para demandar una reformulación radical en las estrategias y tácticas de seguridad vigentes.