Por despidos injustificados, sólo el área central de la Secretaría de Salud (Ssa) enfrenta cada año 300 nuevos juicios laborales, mientras otros 500 están en curso. De acuerdo con Bernardo Fernández del Castillo, coordinador de Asuntos Jurídicos de la dependencia, dichas demandas involucran un daño patrimonial millonario muy grave, porque al término de los procedimientos la Ssa tiene que indemnizar y reinstalar a los trabajadores afectados.

En todos los juicios ocurre lo mismo porque, efectivamente, se trata de despidos injustificados que no deberían darse, ya que son violaciones a los derechos humanos y representan un gasto innecesario generado por negligencia de los directivos, advirtió.

En este asunto –señala– existen dos problemas: funcionarios que incumplen la normatividad y sin razón rescinden contratos; por otro lado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), que no sanciona a dichos servidores públicos, y la disposición que impide a los abogados negociar con el empleado para llegar a un arreglo y así evitar el pago de salarios caídos luego de tres o cuatro años de juicio.

De cualquier manera se tendrá que pagar, aseguró el litigante, porque sólo llegan a tribunales los casos en que el trabajador tiene la razón.

Asimismo, llamó la atención sobre que las cifras mencionadas se limitan a los procedimientos del área central de la Ssa. Aparte están los juicios que se originan también por decisiones equivocadas en los hospitales federales y los institutos nacionales de salud. Esos casos son atendidos por las áreas jurídicas de cada organismo y los despachos privados que contratan con autorización de sus respectivas juntas de gobierno.

En entrevista, Fernández del Castillo opinó que el área central de la Ssa, es decir, la oficina que él coordina, debería tener participación en los juicios laborales que se interponen contra hospitales e institutos, porque en muchas ocasiones las demandas incluyen a la secretaría como codemandada, entre otras razones.

Pero como se trata de organismos desconcentrados, con autonomía, dicha participación no se acepta, a menos de que ellos lo soliciten. Lo anterior, no obstante que el dinero para pagar las indemnizaciones y los salarios caídos es aportado por la dependencia federal.

El litigante explicó que al año concluyen entre 100 y 200 juicios, cuyas resoluciones deben cumplirse. La Coordinación de Asuntos Jurídicos tiene un registro de mil 200 procesos en trámite; de éstos, unos 700 se presentaron contra algún hospital y la Ssa aparece como codemandada. El resto (500 juicios) competen al área central de la secretaría.

Mencionó que ha comentado esta problemática en las reuniones que las áreas jurídicas de las dependencias del gobierno federal tienen con la consejería jurídica del Poder Ejecutivo, aunque es una decisión que debe tomarse desde arriba.

De hecho, la Coordinación de Asuntos Jurídicos está elaborando un proyecto para solucionar este que para Fernández del Castillo es un problema grave.

En principio –señala–, debe haber un mecanismo y reglas jurídicas claras cuando existen problemas con algún trabajador. Las instituciones tendrían que contar con personal entrenado en –por ejemplo– la integración de un expediente que, en su caso, sustente o justifique la decisión de separar al empleado de su puesto.

Luego se debe iniciar un procedimiento en el Servicio Profesional de Carrera, que dura cuatro meses aproximadamente, donde el asunto se expone y se da al trabajador la oportunidad de presentar sus argumentos. Al final, la decisión queda en manos de la SFP.

Fernández del Castillo explicó que las leyes Federal del Trabajo y la del Servicio Profesional de Carrera determinan las causas por las cuales se puede rescindir un contrato. Si eso se cumpliera, se evitaría el daño patrimonial que se ocasiona al erario, subrayó.

La solución –agregó– debe abarcar las sanciones para los funcionarios y directivos que sin justificación legal decidan correr a algún empleado, sobre todo por el daño patrimonial que ocasionan a la institución. Insistió: la Ssa paga muchos millones de pesos por rescisiones laborales sin justificación.