Acapulco, Gro., 25 de enero. Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas, y legisladores de su bancada, en conferencia de prensa al finalizar los trabajos preparatorios al inicio del periodo ordinario dieron a conocer las prioridades del grupo parlamentario.

Destaca la promoción de reformas legislativas que permitan transformar la banca de desarrollo para la promoción de actividades productivas prioritarias y estratégicas. Expedir una ley general de planeación del desarrollo nacional y regional; establecer por decreto legislativo un fondo de inversiones productivas en infraestructura y desarrollo social; fortalecer a la Cofeco para combatir las prácticas monopólicas y fortalecer el desarrollo competitivo, promoviendo su autonomía y sus facultades de investigación y sanción; proteger la economía familiar y el empleo.

Para ello pretenden atender en forma integral el problema de desabasto, incluyendo el freno a la importación indiscriminada y el aumento de precios de granos básicos. Proteger las remesas familiares, regulando las comisiones. Regular las casas de empeño, reglamentando su operación y regulando los contratos, intereses y comisiones. Controlar desde el Congreso los precios de bienes y servicios del sector público, especialmente en energéticos. Regular el crédito hipotecario, para evitar posibles crisis sistémicas.

Aprobar la minuta sobre derecho a la alimentación y fortalecer la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; crear una bolsa agropecuaria de físicos, para el ordenamiento de las operaciones comerciales. Racionalizar el comercio exterior; restringir las facultades del Ejecutivo, para frenar la importación indiscriminada. Procurar la simplificación y desregulación administrativa de la actividad económica enfocada al comercio internacional. En materia de saneamiento de las finanzas públicas, regular el endeudamiento de las entidades federativas.

Dictaminar iniciativas presentadas por senadores del grupo en materia de seguridad ciudadana, que incluyen reformas al sistema penitenciario, a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública y al Código Federal de Procedimientos Penales para la definición de los mecanismos de coordinación de las instancias de seguridad pública, entre otros.