Para la captura e intercambio de información con que se habrá de elaborar la cédula de identidad, la Secretaría de Gobernación adquirió 2 mil equipos especializados denominados módulos de registro de personas, los cuales se instalarán en centros de salud, escuelas y registros civiles.

En dichos módulos se realizará el registro de los datos textuales y la captura de los elementos biométricos de las personas (iris de ambos ojos, huellas dactilares y fotografía) los cuales se transmitirán al Servicio Nacional de Identificación Nacional.

La Constitución, la Ley General de Población y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal obligan al Estado mexicano a proporcionar un medio para acreditar la identidad de los individuos que cons- tituyen su población.

Ante la imposibilidad operativa para cumplir con esta obligación, la tarea de entregar una identificación oficial esta tarea fue encomendada al IFE. Sin embargo, desde 2008, en el contexto del Acuerdo por la Seguridad, el gobierno federal se comprometió a que en un plazo de tres años, expediría la cédula de identidad, como una herramienta que serviría para identificar a presuntos delincuentes, entre otras funciones.

De inmediato, los consejeros electorales manifestaron su oposición; advirtieron que crear un nuevo mecanismo de identificación oficial –anexo a la credencial para votar– lesionaría a la democracia porque disminuiría el interés de los ciudadanos por acudir a los módulos a actualizar sus datos asentados en el padrón electoral y a tener micas vigentes. Pese al diferendo, Gobernación emitió, en 2010, convocatorias para licitar la compra de equipos con base en los cuales registraría los datos biométricos de más de 100 millones de personas, lo cual alentó las diferencias con el IFE.