La Secretaría de Educación Pública (SEP) evalúa profundizar las reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las 33 universidades públicas estatales, debido a que aún enfrentan una deuda de 449 mil millones de pesos para el pago de estas prestaciones. De aprobarse esto impactará directamente en el monto de las pensiones y la edad en que los trabajadores podrán acceder a ellas.

Entre las medidas que se recomienda aplicar, destaca el igualar las condiciones de edad y antigüedad para alcanzar el retiro de hombres y mujeres, reducir el crecimiento de algunas prestaciones, incrementar las aportaciones de los empleados, tener un tope en el monto de las pensiones equivalente al último salario neto del trabajador, e incluso, establecer listas de espera para el personal en activo, a fin de que accedan a una jubilación.

Para quienes ya están pensionados no se recomiendan medidas drásticas, debido a que no se les pueden aplicar modificaciones significativas en sus prestaciones, por lo que no representan un problema social o político. Aunque se sugiere suspender o disminuir pensiones otorgadas sin razón alguna o sin contar con facultades jurídicas para hacerlo.

En el caso de las nuevas generaciones de trabajadores universitarios, se demanda que sean afiliados a nuevos esquemas de pensiones y jubilaciones con más viabilidad financiera, mientras que el personal en activo es considerado como el sector con mayores problemas sociales y políticos, pues cualquier cambio que afecte los derechos ya adquiridos o su expectativa, podría considerarse ilegal.

En el documento Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores 2002-2008, elaborada a pedido de la SEP por el actuario Carlos Soto Pérez, señala que en ese periodo la dependencia destinó 5 mil 877.3 millones de pesos para apoyar reformas en los beneficios que las instituciones otorgan a sus trabajadores. Monto que se incrementó hasta 8 mil 173 millones de pesos para 2010.

Afirma que el ahorro real alcanzado por las universidades públicas estatales, tras reformar sus sistemas de pensiones, fue de 336 mil millones de pesos del año 2002 a 2008. De los cuales, 90 mil millones corresponde a incrementos en reservas y aportaciones de los trabajadores.

Advierte que si bien 28 de las 33 universidades estatales han aplicado reformas estructurales en sus pensiones, en algunos planes de beneficio a su cargo pasan por una situación crítica en cuanto a su financiamiento.

Subraya que en las 25 instituciones que aplicaron reformas a las prestaciones de sus trabajadores en activo, la edad de jubilación es de 60 a 65 años, con un mínimo de 30 años laborables, mientras que la edad para jubilarse pasa gradualmente de 25-30 a 33-35 años.

Sin embargo, se recomienda eliminar las pensiones que se otorgan sólo por años de servicio y fijar una edad mínima de retiro, que para las nuevas generaciones deberá ser de 65 años de edad y 40 de servicio.

El documento revela que, de acuerdo con cifras conservadoras, las instituciones afrontan un gasto ineludible de al menos 254 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones, tanto para el personal en activo como para quienes ya están ejerciendo esta prestación. Para cubrir esa deuda sólo se cuenta con activos por un monto de 93 mil millones de pesos, de los cuales sólo 16 mil millones corresponden a reservas.

Debido a que no todas las instituciones cuentan con reservas financieras para afrontar los gastos de su sistemas de pensiones y jubilaciones, y que el número de trabajadores que demandará esta prestación se incrementará de forma crítica en los próximos años –actualmente hay 155 mil trabajadores activos con un promedio de edad de 44.5 años, y 24 mil pensionados–, se recomienda a la SEP profundizar aún más las reformas a los planes de beneficio con el objetivo de reducir su costo.