En víspera del regreso de la activista Blanca Mesina Nevárez a Tijuana, Baja California, tras ocho meses de exilio, las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) exhortaron al Estado mexicano a determinar la persistencia del riesgo que enfrenta la vida de la activista, así como de Silvia Vázquez Camacho. De igual forma, pidieron a las autoridades dar seguimiento y cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las dos defensoras.

Mesina Nevárez regresa hoy martes a su lugar de residencia en Tijuana, luego de permanecer en el exilio más de ocho meses, debido a las constantes amenazas y hostigamiento que sufrió desde noviembre de 2009, al asumir la representación de un grupo de 25 policías arraigados y torturados en instalaciones militares.

El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez y el capitán Gustavo Huerta fueron señalados como probables responsables de actos de tortura, amenazas y hostigamiento cometidos en Tijuana. Recientemente, Leyzaola Pérez y Gustavo Huerta tomaron posesión como subsecretario de Seguridad Pública y secretario de Seguridad Pública del estado de Baja California, respectivamente.

Por ello, la CMDPDH y CCDH recordaron al Estado que aún falta un arduo trabajo por realizar para garantizar y salvaguardar la integridad física de Blanca Mesina Nevárez, así como propiciar un ambiente seguro que haga posible también el regreso de la defensora Silvia Vázquez Camacho.

Además, pidieron a las autoridades informar con periodicidad a la CIDH sobre las acciones al respecto, especialmente, seguir las investigaciones penales derivadas de las denuncias por las amenazas de las dos defensoras. Además de informar a las organizaciones peticionarias sobre los avances y resultados de dichas investigaciones.

El pasado 4 de junio, la CIDH dictó medidas cautelares a favor de Mesina Nevárez y Vázquez Camacho. Ante el incumplimiento del Estado mexicano, se celebró una reunión de trabajo el 27 de octubre, en el contexto del 140 periodo de sesiones de la CIDH, en el que se dio al Estado el término de 48 horas para responder por escrito a la puesta en marcha de las medidas de protección para garantizar la integridad física y sicológica de Mesina Nevárez, Vázquez Camacho y sus familias.