Nueve de cada diez pesos provenientes de los impuestos y aprovechamientos pagados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal desde enero a noviembre de 2010 fueron destinados a pagar intereses, comisiones y gastos de la deuda, así como a participaciones a los estados y municipios, y para compensar el balance en adeudos de ejercicios fiscales anteriores, entre otros.

Informes de la Secretaría de Hacienda revelan que las finanzas públicas continúan teniendo gran dependencia de las ganancias petroleras, debido a que en el lapso de referencia aportaron 33.5 por ciento del total de los ingresos presupuestarios del país.

Esta situación se torna cada vez más riesgosa debido a que la plataforma de producción descendió en 757 mil barriles diarios durante los últimos cinco años. La producción petrolera bajó de 3 millones 333 mil barriles por día en 2005, a un promedio de 2 millones 576 mil barriles diarios entre enero y noviembre de 2010, lo que significa menores ingresos para el gobierno federal.

Sin embargo, las elevadas cotizaciones internacionales que llevaron a la mezcla mexicana de petróleo a un precio promedio de 71.36 dólares por barril, entre enero y noviembre, compensaron parcialmente el desplome en la producción.

Entre las alternativas que adoptaría el gobierno ante la caída en la producción de crudo y la consecuente baja de ingresos petroleros serían el alza o creación de nuevos impuestos, el endeudamiento interno y externo o la reducción del gasto público.

Los informes oficiales revelan que los ingresos presupuestarios aportados por Pemex al sector público ascendieron a 861 mil 574 millones de pesos entre enero y noviembre de 2010. De esa cantidad, 318 mil 183 millones se utilizaron para sostener la operación de la paraestatal. Los restantes 543 mil 400 millones de pesos, monto 16 por ciento mayor al enterado en el mismo periodo de 2009, fueron trasferidos al gobierno federal en forma de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Estas aportaciones representaron 91.3 por ciento de los 595 mil 250 millones de pesos que se asignaron al gasto no programable del sector público entre enero y noviembre del año pasado, informó la Secretaría de Hacienda.

El gasto no programable está integrado por el costo financiero de la deuda, los intereses, comisiones y gastos, apoyo a ahorradores y deudores, IPAB, así como para pagar las aportaciones a estados y municipios, para cubrir los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y el gasto neto efectuado por el gobierno federal a nombre de terceros (cuentas ajenas al presupuesto).

Del total del gasto no programable por 595 mil 250 millones de pesos, 402 mil 118 millones, equivalente a 68 por ciento, se canalizaron a las participaciones de los estados y municipios, recursos que en su mayoría no están preetiquetados ni se tiene un control estricto sobre su destino.

De esta manera parece confirmarse que el poder del Ejecutivo federal sobre los gobernadores durante las dos administraciones surgidas del Partido Acción Nacional, se ha sustentado en las transferencias de recursos que genera la industria petrolera nacional, sin que esta riqueza se utilice, aparentemente, para el desarrollo económico, crear empleos y construir infraestructura.

El restante 32 por ciento se distribuyó entre el pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda, así como Adefas, apoyo a ahorradores y deudores e IPAB, entre otros renglones.

Los informes detallan que los ingresos petroleros totales por 861 mil 574 millones de pesos captados entre enero y noviembre del año pasado fueron incluso muy superiores a los que se obtuvieron por la recaudación de los impuestos sobre la renta, el especial a tasa única y sobre depósitos en efectivo (621 mil 580 millones); el impuesto especial sobre producción y servicios (55 mil 266 millones); sobre importaciones (22 mil 100 millones) y otros gravámenes (42 mil 207 millones de pesos). Lo anterior confirma la excesiva petrolización de las finanzas públicas en México.