Cada quien tiene derecho a vender la masa y la tortilla al precio que quiera, a partir de sus costos de producción, porque no es un precio controlado, pero existe el riesgo de que se dé un alza mayor y generalizada si el gobierno federal suspende en 2011 el programa Promasa, cuyos apoyos para los molineros de nixtamal han logrado mantener controlado el mercado, sostuvo Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT).

Alertó que el país puede padecer otra crisis como la de 2007 –cuando la tortilla se encareció hasta 40 por ciento por acaparamiento y especulación de la harina de maíz–, ya que, acusó, a punto de terminar el año la Secretaría de Economía (SE) acumula un rezago de seis meses en la entrega de recursos de Promasa y es la hora en que nada ha dicho sobre si continuará en 2011.

Año tras año estamos con el mismo problema de los aumentos. Lo hemos dicho: si el gobierno realmente quiere resolverlo debe eliminar el inter- mediarismo en la comercialización, tanto del maíz como de tortillas de supermercados, porque actualmente los molinos y las tortillerías tradicionales trabajan a 30 por ciento de su capacidad instalada, aseguró el dirigente de UNIMT, la cual dice representar a organizaciones de por lo menos 14 entidades.

Hasta la semana pasada las agrupaciones de industriales de la masa y la tortilla inscritas en Promasa, que reciben apoyo económico y capacitación a cambio de incorporarse a la economía formal, no habían obtenido respuesta de la subsecretaria de Industria, Lorenza Martínez, sobre el futuro del programa. Ahora está el detalle de que la funcionaria podría abandonar la SE porque se le menciona para ocupar un cargo en el Banco de México, comentó De la Torre.

Consideró que de suspenderse Promasa en las próximas semanas la tortilla subirá dos pesos más por kilo y no cuatro como anunció Lorenzo Mejía, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, cuya representación se concentra en algunas delegaciones del Distrito Federal y municipios conurbados.

De la Torre aclaró que con Promasa “no estamos obligados a mantener un precio –que es distinto según la región del país–, pero en los dos años que ha durado nos hemos comprometido por voluntad propia y moralmente a no subirlo tanto”. Se deslindó del resto de las exigencias de Lorenzo Mejía, porque el programa, sostuvo, sí ha funcionado para evitar un alza generalizada.

El dirigente de la UNIMT reconoció que en algunos estados la tortilla ha subido más de un peso en los últimos dos meses, debido a que la tonelada de harina de maíz se comercializó 500 pesos más cara en el mismo periodo, mientras que en un año aumentó mil 200, pues ya se vende arriba de 8 mil la tonelada.

Manifestó que con sólo 154 millones de pesos que la SE presupuestó para Promasa en 2009 y 2010 se logró un mayor control del precio, porque los beneficiados se comprometieron a no subir más de tres pesos el kilogramo de masa nixtamilizada. Es más que lo logrado con los casi 3 mil millones que entre 2007 y 2009 destinó la dependencia al programa Proharina, con el que resultaron bene- ficiadas empresas grandes.

Hace unos días la UNIMT aseguró a diputados federales que si Promasa continuaba y se ampliaba el número de beneficiarios, los pequeños productores que trabajan con masa nixtamalizada podrían mantener el precio de la tortilla e incluso bajarlo entre 20 y 30 por ciento en algunas zonas, ya que representan 60 por ciento de todo el mercado y sus principales problemas son el intermediarismo y la competencia de las grandes harineras.

El costo de la tortilla que se elabora con masa de nixtamal ha subido sólo 6.6 por ciento en un año, mientras la que se fabrica con harina industrializada aumentó 12.8 por ciento, aseveró.

Con 64 millones en 2009 se benefició a casi 300 molineros, los cuales pudieron mantener un precio estable para 8 mil tortillerías. Para 2010 se presupuestaron 90 millones de pesos, pero sólo se han dado recursos a 200 molineros, pese a que el padrón es de 600 y sólo se cubrió hasta la mitad del año, a lo que ahora se suma el riesgo de que Promasa no se extienda el año siguiente, comentó.

Mencionó que el programa Mi tortilla, lanzado también por la Secretaría de Economía para regularizar y modernizar dichos establecimientos, que suman 70 mil en todo el país, se quedó estancado en 2007, porque sólo se atendió a 2 mil establecimientos y hasta el mes pasado el presidente Felipe Calderón volvió a reactivarlo para que llegara a 30 mil negocios, 42 por ciento del total.