Lisboa, 30 de octubre. Portugal se suma a las medidas de austeridad adoptadas por otros gobiernos en Europa –como Grecia, Gran Bretaña y Francia– que incluyen recortes de gasto público, de sueldos y plazas de trabajo, así como aumentos de impuestos y de la edad de jubilación para hacer frente a las presiones de deuda pública que han amenazado con desestabilizar la eurozona.

Este sábado el gobierno socialista portugués, con minoría en el Parlamento, y la oposición de centro-derecha alcanzaron un acuerdo para asegurar la adopción del presupuesto de austeridad propuesto por el gobierno para 2011.

Sometido a la fuerte presión de la Unión Europea y de los mercados financieros, el gobierno socialista del primer ministro José Sócrates presentó a mediados del mes un presupuesto de rigor sin precedentes, que incluye recortes de salarios y de las ayudas sociales, así como un aumento de obligaciones fiscales.

La subida en la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), que grava el consumo, formó parte de las principales alzas, pues este año fue elevado de 20 a 21 por ciento, y la propuesta del gobierno es incrementarlo en dos puntos más para 2011.

El paquete fiscal anticipa un magro crecimiento de 0.2, muy por debajo de 1.3 por ciento de crecimiento esperado para este año, mientras los recortes salariales y alzas de impuestos que se han implementado a raíz de la crisis financiera internacional de 2008 han tenido secuelas en la economía de las familias.

Portugal es el país más pobre de Europa occidental, está altamente endeudado y sin crecimiento económico considerable desde hace casi una década. El desempleo se ha elevado a un nivel récord de 10.7 por ciento y organizaciones de asistencia han señalado que la pobreza ha aumentado de manera alarmante en los últimos años.

En 2009 la economía de Portugal se contrajo 2.7 por ciento, lo que ha colocado al país como uno de los más débiles en la zona euro, junto con Grecia, España e Irlanda.

Al dar a conocer la propuesta presupuestal a mediados de mes, Sócrates advirtió que de no aprobarse renunciaría al cargo, situación que abonaba a la crisis financiera del país una crisis política. Bruselas, inversionistas y los mayores bancos de Portugal habían aumentado la presión sobre ambos bandos para llegar a un pacto. El fracaso en hacerlo pudo haber obligado al gobierno de Lisboa a buscar un rescate financiero de sus socios europeos, tal como lo hizo Grecia el año pasado.

El primer ministro José Socrates ha prometido recortar el déficit el año próximo a 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), desde 7.3 por ciento de este año, y necesita que el oposito Partido Social Demócrata (PSD) apruebe el presupuesto o se abstenga. La primera votación en el Parlamento está prevista para el miércoles.

El pacto excluye algunos artículos del aumento en el IVA. La sesión final de votación sobre el proyecto de ley tendrá lugar para fines de este mes. En respuesta, los principales sindicatos de Portugal han llamado a una paralización total de las actividades para el día 24 de noviembre.

Siguiendo los pasos

Con las medidas de austeridad Portugal está siguiendo los pasos de países como Grecia, que aumentó dos veces los impuestos, recortó plazas, sueldos y aumentó la edad de jubilación de los trabajadores públicos y se comprometió a reducir en cinco puntos porcentuales el déficit fiscal. Ello pese a las multitudinarias protestas de miles de personas en las calles, y a cambio de recibir un paquete de ayuda internacional de 110 mil millones de euros (140 mil millones de dólares) de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota, en el país que en abril pasado amenazó con desestabilizar toda la zona euro.

Francia también aplicó medidas de austeridad, mediante una reforma al sistema de pensiones, que eleva de 60 a 62 años la edad mínima de jubilación de los trabajadores; de 65 a 67 años la edad para cobrar pensión completa y aumenta de 40.5 a 41.3 los años de aportaciones obligatorias. El Parlamento aprobó esta semana la reforma, a pesar de las intensas jornadas de protestas que presionaron al gobierno, mediante la paralización del sector energético y la salida de millones de franceses a las calles.

Gran Bretaña también anunció la semana pasada que cancelará 490 mil empleos en el sector público durante los próximos cuatro años, aumentará el IVA de 17.5 a 20 por ciento en 2011 y reformará el sistema de pensiones para pasar de 65 a 66 años la edad mínima de jubilación. Los ajustes incluyen también recortes millonarios en subsidios familiares y prestaciones sociales.