Al no consultar a las comunidades sobre la utilización de su territorio para crear megaproyectos económicos, el gobierno provoca conflictos que podrían ser evitados, y que suelen generar después la criminalización y represión injusta de los opositores, advirtió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Juan Carlos Arjona, coordinador del programa de derechos humanos y ambiente de dicha organización, informó en entrevista con La Jornada que durante la audiencia pública que sostuvieron ayer representantes de diversos colectivos sociales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo énfasis en la responsabilidad del Estado en este tema.

En vez de reconocer el derecho a la consulta que tienen los pueblos, buscar un espacio de diálogo con ellos, identificar cuando se equivocan y reponer los procesos, el gobierno ha preferido litigar contra ellos, explicó.

Consultar a las comunidades sobre proyectos como carreteras, minas, presas hidroeléctricas y centros turísticos, evitaría conflictos que muchas veces traen consigo otras violaciones graves a los derechos humanos, ya que cuando los habitantes se organizan para resistir, son criminalizados y reprimidos con un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza.

En muchas ocasiones, apuntó, los pueblos podrían incluso estar de acuerdo con los megaproyectos y solamente pedir pequeñas modificaciones para obtener más beneficios, como es de esperarse al tener derechos preferenciales sobre sus tierras y los productos que deriven de ellas.

Sin embargo, dichas consultas casi nunca se realizan y eso provoca conflictos entre las comunidades y las empresas, fenómeno que se ha disparado en lo que va de este sexenio y en el que no están excluidas prácticas como el abuso de la fuerza pública para retirar manifestaciones pacíficas, la fabricación de delitos contra activistas, e incluso la tortura.

En la audiencia de ayer, los representantes del gobierno mexicano reconocieron el derecho de los pueblos sobre sus territorios, pero sólo de forma declarativa, ya que en los hechos no se respeta esa garantía, dijo.

Actualmente el Cemda está involucrado en la defensa de cinco comunidades indígenas afectadas por proyectos carreteros en el estado de México, además de otros en Puebla y Jalisco, y en el caso de la presa hidroeléctrica de La Parota, Veracruz.

Si el gobierno no respeta el derecho a la consulta provocará que las comunidades repudien los megaproyectos, concluyó.