Diputados y senadores condenaron los asesinatos masivos de jóvenes en Baja California, Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal. Legisladores de ambas cámaras, pertenecientes a PRI, PRD y PT afirmaron que estos hechos confirman que urge revisar la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico.

Ante la ola de ataques, en los que la mayoría de los agredidos han sido jóvenes, la Cámara de Diputados emitió ayer una condena a las masacres y guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de estos atroces acontecimientos.

El presidente de la Cámara, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, demandó el esclarecimiento de los crímenes, y planteó al Poder Legislativo la urgencia de perfeccionar el marco jurídico contra grupos delictivos.

En tribuna, el diputado yucateco expresó que esa cámara se solidariza con familiares de las víctimas e instó a las autoridades a trabajar en el pronto esclarecimiento de los sucesos que lastiman a la sociedad.

Estos hechos deben ser motivo para reflexionar en la necesidad de perfeccionar y mejorar el marco jurídico que permita hacer frente de manera contundente al crimen organizado como condición esencial de una vida civilizada y justa en el país.

Senadores del PRI y del PRD advirtieron que las masacres de jóvenes en diversos estados del país muestran que el crimen organizado no se intimida con la acción del Ejército, por lo cual es urgente revisar la actual estrategia contra el narcotráfico y aplicar esquemas que sí funcionen.

El panista Santiago Creel llamó a legislar sobre temas como lavado de dinero, para pegarle al motor de la delincuencia.

Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, dijo que es necesario darle integralidad a la lucha contra el tráfico de enervantes, pero para ello primero hay que tener una estrategia.

El priísta agregó que no se puede seguir aprobando leyes, a ver si esta cuaja o si funciona. Por ejemplo, señaló que la Ley de Seguridad Pública tiene instrumentos que aún no se echan a andar, como el de prevención, inteligencia y certificación.

Pedro Vázquez González, coordinador del PT, apuntó que la mayor vulnerabilidad social se encuentra en el sector juvenil. Ellos son nuestro futuro, desafortunadamente están siendo hoy vilmente masacrados, y demandó el esclarecimiento de lo sucedido en Chihuahua, en Nayarit y en el Distrito Federal.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Rubén Moreira, expuso que se debe revisar si la estrategia es la correcta. A mi juicio, hay una fuerte deficiencia. El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, consideró que el llamado del secretario de Gobernación, José Francisco Blake, a cerrar filas en el combate al crimen organizado es cosa mediática y nosotros no nos vamos a prestar a eso.

Indicó que no hay voluntad política del gobierno federal para superar la situación del país, pues se requiere, en principio, cambiar la política económica imperante.

En entrevista, el senador expresó su preocupación porque el crimen organizado haya rebasado a las autoridades, formando estados paralelos y en algunos casos hasta con más poder. Resaltó que México es un Estado fallido: aquél que no puede defenderse a sí mismo, mucho menos tiene capacidad para defender a la sociedad o garantizar a las familias su patrimonio, impulsar educación, salud, vivienda y combate a la pobreza extrema.