De 50 helicópteros que en 2007 transfirió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la erradicación de cultivos ilícitos, en los últimos tres años sólo se han utilizado ocho.

Además, únicamente se han empleado para destruir cultivos en el norte del país, dejando desprotegidas las zonas centro y sur de la República, lo que ha permitido a los sembradores de enervantes aumentar su producción en 200 por ciento, denunciaron –en su demanda de reinstalación en el empleo y en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón– cinco civiles que fueron contratados por el Ejército para que lo apoyaran en la reparación de las naves destinadas a la erradicación de cultivos de mariguana y amapola mediante fumigación.

Los cinco civiles que han presentado denuncias laborales para que se les reinstale en su trabajo formaron parte de la PGR, donde laboraron en la Dirección General de Servicios Aéreos, específicamente en el área de erradicación de cultivos ilícitos, pero desde 2006 el Ministerio Público Federal comenzó la suspensión de actividades de fumigación de plantíos, y en 2007 las naves, instalaciones y el herbicida (Paraquat) que poseía fue transferido a la milicia.

En ese contexto, 140 técnicos en distintas ramas aeronáuticas, así como pilotos, fueron contratados por la Sedena –según los escritos que fueron entregados a varios legisladores– por periodos anuales, mediante un sistema de honorarios. Sin embargo, luego de más de dos años y seis meses de servicio, comenzó el recorte de los ex trabajadores de la PGR.

Los afectados indicaron que la Sedena los despidió sin liquidación y sin darles la posibilidad de convertirse en empleados civiles con derecho a ser trabajadores de base.

Según los escritos de los afectados, quienes solicitaron el anonimato para no ser objeto de represalias, al paso de los meses detectaron “anomalías en la operación de los equipos y situaciones que no comprendíamos, como el hecho de que se designaran más de 15 helicópteros Bell-206-BIII para uso exclusivo de entrenamiento y capacitación de pilotos militares en actividades de erradicación, cuando esas naves eran empleadas al ciento por ciento para trabajo de campo.

“Este hecho provocó la disminución en 50 por ciento de las parejas designadas al combate al narcotráfico, y con ello se dejó atrás la erradicación de cultivos ilícitos.

“Como consecuencia de la mala operación, varias naves resultaron accidentadas, quedando en situación de pérdida total, y más de cinco requirieron reparaciones mayores.

“Aunado a esto, hubo fallas en el mantenimiento, debido a la carencias de equipo y materiales de consumo (refacciones) autorizados, así como falta de personal calificado.

“De esa manera, de los más de 50 helicópteros que se transfirieron a la Sedena, únicamente un promedio de ocho (4 parejas) son los que han sido utilizados en la erradicación de cultivos durante estos tres años.

En ese tiempo, dichas parejas sólo se han dedicado a eliminar plantíos en el norte del país, dejando desprotegidas las zonas centro y sur de la República, áreas en las que la PGR trabajaba los 365 días del año, aseguran los despedidos.

Además de lo anterior, es importante mencionar que otra de las anomalías detectadas por el personal contratado por la Sedena consiste en que los ex trabajadores de PGR están obligados a dar mantenimiento (con todas las carencias) a las aeronaves transferidas y también a los Bell-212 de la Fuerza Aérea Mexicana.

“A pesar de ello –señalan–, 85 por ciento de las actividades de mantenimiento de aeronaves y erradicación de cultivos ilícitos las ha realizado el personal civil contratado”, refiere la carta entregada el pasado 3 de septiembre a las comisiones de Defensa Nacional del Senado y de la Cámara de Diputados, así como a la Presidencia de la República.