A pesar del incremento de casos de ciudadanos asesinados por militares al cruzar retenes, víctimas de fuego cruzado durante operativos contra bandas criminales o baleados directamente por soldados, en el Senado están congeladas varias iniciativas encaminadas a impedir el uso desmedido de la fuerza pública contra civiles.

El senador perredista Pablo Gómez advirtió que se trata de una gran omisión tanto del Presidente de la República, que no ha enviado una iniciativa en la materia, como del Congreso, que no ha querido aprobar las reformas sobre uso de la fuerza, a pesar de los abusos y excesos en que incurren los militares que llevan a cabo tareas de combate al hampa.

Recalcó que mientras la Marina cuenta ya con una directiva en materia del uso de la fuerza, el Ejército, que es mucho más numeroso y el que participa mayormente en el combate al narcotráfico, carece de ella.

Gómez Álvarez destacó que establecer una normatividad para las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas beneficiaría a todos, a las propias instituciones, en la medida en que la legislación establece qué pueden hacer y qué no, además de los límites en el control de conductas infractoras.

Señaló que soldados, marinos y policías tendrían la certeza de su actuación, con base en un principio internacional importantísimo: ningún agente está obligado a acatar y cumplir órdenes que impliquen la violación de derechos y la comisión de delitos.

Recalcó que en ninguna parte del mundo se reconoce ya el principio de obediencia debida ni la existencia de retenes inconstitucionales, en los que se dispara a familias enteras que no se detuvieron a tiempo.

Una de las iniciativas congeladas es la que presentó el senador René Arce –también integrante de la bancada perredista en Xicoténcatl– el 17 de septiembre de 2008. Su propuesta de crear la ley general de procedimientos policiales y uso legítimo de la fuerza pública está detenida desde hace dos años en las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

En marzo pasado, Arce pidió a la mesa directiva del Senado que formulara una excitativa a esas comisiones, a fin de que dictaminen dicho proyecto. El perredista deploró que, en cambio, se hayan aprobado reformas que ponen en manos de policías y militares el control de la seguridad pública, que posibilitan estados de excepción y operativos conjuntos que suspenden garantías sin ningún control constitucional, violando impunemente el derecho a la vida y libertad de ciudadanos que no están vinculados con la criminalidad.

En la exposición de motivos de esa propuesta de ley, se advierte que México está rezagado en la protección a sus ciudadanos, ya que no hay una legislación que impida el uso desmedido de la fuerza pública por autoridades civiles y policiacas.

Destaca que desde hace 30 años, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, mismo que ha sido un referente internacional obligado para normar la actuación de las policías respecto al uso legítimo de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

La iniciativa –recalcó Arce– busca llenar ese vacío legal, en un contexto en que la creciente violencia criminal y los reclamos de combate a la inseguridad amenaza con repetir esquemas añejos de represión y autoritarismo policiaco.