Pendiente desde el pasado 29 de abril –cuando se aprobó en lo general–, la iniciativa del presidente Felipe Calderón para crear la ley de asociaciones público-privadas (APP) aún provoca polémica en el Senado.

Una parte de la bancada del PRI está dispuesta a modificar de fondo los artículos que quedaron reservados para evitar que se avance en la privatización de la mayor parte de los servicios que presta el Estado mexicano.

Los grupos parlamentarios de PRD, PT y Convergencia se opusieron desde el principio a la aprobación de dicho proyecto, que otorga concesiones hasta por 40 años a la iniciativa privada –nacional y extranjera– para realizar proyectos de infraestructura, hidráulicos, educativos y de telecomunicaciones, entre otros.

Lograron frenarla el último día del pasado periodo de sesiones, cuando amenazaron con romper el quórum si seguía discutiéndose. Ahora, tampoco los priístas la avalan.

El senador Francisco Labastida Ochoa consideró que esa iniciativa es inadmisible, porque desmantela el sector público. Dijo que durante los cuatro meses del receso legislativo, la fracción priísta revisó el dictamen y propondrá cambios en los contenidos más preocupantes, los que son improcesables. Como ejemplo, señaló que debe eliminarse la disposición de destruir todas las ofertas que no hayan resultado ganadoras en una licitación para otorgar algún contrato a empresas privadas para prestar servicios.

Expuso que tampoco está de acuerdo en que se mantenga en secreto al ganador de una licitación, ya que va contra la legislación federal sobre acceso a la información pública y de un propósito elemental de transparencia.

Además –recalcó–, se pretende que las APP se apliquen a todo, hasta a la seguridad pública, y eso indica la privatización de los servicios que presta el Estado. También –continuó– es inadmisible la pretensión de que los bienes y la infraestructura del sector público pasen al privado.

Labastida destacó que en el proyecto de Calderón se garantiza rentabilidad a las inversiones realizadas por empresarios, lo que ocurrió ya en el caso de las carreteras. Esto llevaría –sostuvo– a que las compañías contratistas busquen que la obra cueste lo más cara posible, ya que su inversión de todas formas está asegurada.

Por ello –advirtió–, deben hacerse modificaciones de fondo al dictamen antes de que se discuta otra vez en el pleno.

Al respecto, durante la pasada reunión plenaria del PRI –realizada en Acapulco a finales de agosto–, el impulsor de dicha iniciativa, el senador Eloy Cantú, reconoció que hay una serie de inquietudes legítimas entre los integrantes de su bancada, que ya se han atendido. Sin embargo, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, comentó que estarán pendientes y no van a aceptar que sólo se hagan modificaciones cosméticas al proyecto de Calderón, por el que se pretende entregar a trasnacionales la electricidad, el agua y todos los sectores rentables.

La fracción del PRD también está dispuesta a frenar en definitiva la iniciativa presidencial. Hay razones contundentes para rechazarla, comentó Carlos Navarrete.