El Consejo de la Judicatura Federal pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública federal protección personal para 89 jueces de distrito y magistrados encargados de resolver casos de narcotráfico y secuestro en el país, revelaron a La Jornada fuentes gubernamentales.

La solicitud que presentaron los consejeros de la Judicatura a las policías Federal y Federal Ministerial responde a un listado de juzgadores que han manifestado haber recibido varias amenazas de muerte anónimas o de algún abogado defensor de presuntos narcotraficantes por cuestiones relacionadas con sus resoluciones judiciales.

Cada uno de los impartidores de justicia que forma parte de la lista de amenazados recibe custodia permanente, con entre dos y cinco agentes de ambas corporaciones. Al menos la mitad de los juzgadores se transporta en automóviles o camionetas blindadas.

Por seguridad de los propios señores jueces omito los nombres de ellos, pero sí puedo decir que hasta julio (pasado), a petición del Consejo de la Judicatura, se había extendido la custodia permanente a 89 juzgadores federales, que ya reciben protección de agentes, indicó un funcionario de la PGR que pidió el anonimato.

El atentado contra Elorza

El pasado viernes, el director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, dijo a periodistas que el juez Carlos Alberto Elorza, a cargo de algunos asuntos vinculados con el narcotráfico, sobrevivió a un atentado ocurrido la semana pasada en Nayarit, donde tiene su jurisdicción el impartidor de justicia, horas después de que el presidente Felipe Calderón advirtió sobre la desprotección de juzgadores frente al crimen.

Elorza salió ileso del ataque con fusiles de asalto, aunque uno de sus escoltas murió y otro resultó lesionado, según un parte policiaco.

El ataque ocurrió cuando el juez llegaba a bordo de su camioneta blindada a su domicilio en un fraccionamiento habitacional de la municipalidad de Xalisco.

Otra camioneta se acercó hasta el vehículo del juez y hombres armados comenzaron a dispararle con fusiles AK-47. En un momento incluso lanzaron una granada de fragmentación, la cual no detonó. Los escoltas protegieron al juez y repelieron la agresión, aunque uno de ellos falleció y el otro resultó herido.

Uno de los casos más recientes que le ha tocado llevar a Elorza es el del candidato de la izquierda al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, quien es procesado por narcotráfico y lavado de dinero; es el primer caso de un aspirante a un cargo estatal que es detenido por presuntos vínculos con cárteles de las drogas.

Wilfrido Robledo dijo el viernes que la Policía Federal Ministerial, a petición del Poder Judicial Federal, le da protección a decenas de jueces federales que han sido amenazados por el crimen organizado. La Suprema Corte de Justicia nos ha presentado bastantes casos de amenazas, y tenemos la obligación por ley de darles seguridad. No podría darles ahorita la estadística, la tiene la Corte, expuso ese día el funcionario de la PGR.