Antes de aprobar medidas que implican la reclasificación de delitos para aplicar penas alternas en la comisión de ilícitos, como robos de baja cuantía, y de esta manera aliviar la sobrepoblación en los reclusorios de la ciudad, se debe medir el impacto que tendría en la política criminal, pues podría ser dañina para la seguridad en la calle, afirmó el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

En entrevista, el funcionario se pronunció por fortalecer los programas externos que mediante fundaciones privadas apoyan económicamente a quienes no pueden pagar la fianza que se les impuso y tienen que seguir recluidos, como es el caso de al menos mil internos que se encuentran en esa situación con cauciones de no más de 15 mil pesos.

García Ochoa señaló que el gobierno capitalino está al pendiente del debate que se realiza en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en torno de la posibilidad de despresurizar las cárceles con disposiciones para castigar la comisión de delitos sin que la pena sea necesariamente la privación de la libertad, con el propósito de aliviar la sobrepoblación en las cárceles.

Pero, advirtió el funcionario, se debe cuidar que el Código Penal mantenga un equilibrio de justicia, es decir, debe sancionarse a quienes cometen delitos y se debe garantizar la autoridad del Estado para combatir la delincuencia.