a ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Caracas y Bogotá, producida el pasado jueves tras las acusaciones sobre la supuesta existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, es un hecho indicativo del legado que deja el saliente mandatario Álvaro Uribe tras ocho años en el Palacio de Nariño: una diplomacia regional severamente dañada y una nación convertida en factor de crispación regional.

La hostilidad con que Uribe ha actuado durante los últimos meses de su gobierno genera la impresión de que, en la circunstancia actual, el designio principal del saliente mandatario no es tanto consolidar su política de seguridad democrática sino agudizar las tensiones en la región e internacionalizar los conflictos internos que afectan a Colombia. Un antecedente inequívoco es la incursión militar contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, lanzada el primero de marzo del año antepasado, en la que los militares colombianos asesinaron al jefe guerrillero Raúl Reyes y otros integrantes de esa organización armada y a cuatro estudiantes mexicanos, e hirieron a una connacional más, Lucía Morett. A pesar de que ese ataque concitó la condena de la comunidad internacional por cuanto resultó un agravio injustificable a la integridad territorial y la soberanía ecuatorianas, el propio Uribe lo defendió ayer al señalar que fue lanzado por necesidad.

La beligerancia del mandatario colombiano se ve alimentada por el inocultable respaldo del gobierno estadunidense, y es inevitable vincular ese apoyo con las cesiones inaceptables que Bogotá ha realizado en materia de soberanía nacional: el ejemplo más emblemático es la instalación de siete bases militares del Pentágono en su territorio, las cuales constituyen uno de los principales puntos de tensión en la región.

Con este telón de fondo, Uribe llamó ayer al presidente electo Juan Manuel Santos a dar continuidad a sus políticas en lo interno y en lo externo. Por desgracia, no hay margen para las expectativas sobre un posible viraje de Santos, ex ministro de Defensa, respecto de los pasos de su antecesor, y todo parece apuntar a que Colombia enfrentará en los próximos años la continuidad de la política económica neoliberal, su mantenimiento en la esfera de los intereses estratégicos estadunidenses y un panorama de violencia confusa al amparo del designio de aplastar militarmente a las organizaciones guerrilleras que operan en ese país.

En este contexto, la intervención de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) –cuyos cancilleres acordaron reunirse el jueves en Quito para buscar una solución al conflicto– es un elemento plausible: por un lado, porque abre una ventana de oportunidad para la negociación en un espacio de mayor legitimidad y equidad y, por otro, porque se presenta luego de la desastrosa gestión realizada por la Organización de Estados Americanos, responsabilizada por varios países de la ruptura diplomática entre Venezuela y Colombia, y descalificada de antemano como instancia mediadora en la crisis, habida cuenta de su subordinación a los intereses de Washington. En la circunstancia presente, corresponde a los otros estados de la región demandar al gobierno colombiano que ponga fin a prácticas que pudieran llevar la presente escalada de tensiones a niveles indeseables.