Desde la irrupción de Internet esta herramienta se ha convertido en un elemento imprescindible, al grado de que estudios destacan que los internautas en ocasiones prefieren renunciar al sexo o a los amigos antes que a la red. Para la industria cultural y sus creadores, resultó algo lesivo.

Varios países ya aplican ciertas disposiciones legales en materia de telecomunicaciones y derechos de autor –conocidos como canon digital–, lo que levantó amplias controversias entre usuarios y proveedores de acceso a Internet. En México el debate se abrió el año pasado, cuando se informó de la intención de regular las descargas de música, películas, videos, libros y otros bienes culturales y de entretenimiento.

La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC, que agrupa a más de 30 asociaciones y sindicatos relacionados con la cultura y el entretenimiento) se integró el año pasado en favor de que se establezcan reglas claras que permitan a internautas, proveedores de servicios de Internet y titulares de derechos el aprovechamiento legal de los contenidos.

Armando Báez Pinal, diputado priísta y líder del sindicato de músicos, presentó el pasado 27 de abril al Congreso una iniciativa para modificar la Ley Federal del Derecho de Autor. La primera es para cambiar la figura jurídica de la licencia para la copia privada o pago de un sobreprecio –adicional al impuesto al valor agregado (IVA)– a los dispositivos de almacenamiento digital como cedés, devedés, discos duros, reproductores digitales de música y otros.

La segunda es para regular la protección de los derechos autorales, a través de los servicios proveídos por Internet, que se ha identificado como ley de los tres avisos o 3-strikes. Establece que si el usuario de la web acumula tres reportes por piratería de cualquier tipo, se le cortará el servicio sin aviso previo y sin derecho a compensación. En los casos de reincidencia, legalmente formaría parte de una lista negra y se les prohibiría recontratar Internet.

La fuerte oposición de los usuarios y otros frentes, como la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), a la regulación que ya tiene lugar en otros países, provocó que el legislador retirara el pasado 9 de junio su iniciativa, identificada como canon digital, por su parecido a la reglamentación de España.

Este rechazo tiene como antecedente la creación de un movimiento en Twitter, llamado Internet necesario, que se opuso al gravamen de 3 por ciento a las telecomunicaciones contemplado en el paquete fiscal 2010 como parte de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). La fuerte respuesta en la red logró echar abajo el impuesto en el Congreso.

En contra de las iniciativas del legislador Báez Pinal, se creó en Twitter el movimiento Canonmx, que rechazó esta normativa, al que se agregaría una carga fiscal de 8 por ciento adicional al IVA a aparatos electrónicos –que permitan almacenar, compactar, duplicar, reproducir o copiar cualquier tipo de obra literaria o artística, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, producciones y/ o transmisiones– para beneficio de los autores integrados en las sociedades de gestión colectiva, como la CALC.

Alfredo Reyes Krafft, coordinador de la Amipci, y otras voces en la red señalaron que el establecimiento de un gravamen no representa ninguna solución en la pretensión de regular el uso de nuevas tecnologías. Además, un sobreprecio encarecería productos y servicios, que de por sí ya tienen un impuesto.

Argumentó en entrevista que el canon digital –que en México algunos autores han designado cábalas digitales– es una medida que busca criminalizar las descargas de música sin ánimos de lucro, pero sus promotores olvidan que persiste un mercado de venta de productos culturales y de entretenimiento a precios altos y una especie de mafia, que copia de forma casi industrial obras como música y películas piratas que luego venden en la calle.

Afirma que el derecho de autor existe y hay que respetarlo, pero con acciones pactadas entre creadores, proveedores y usuarios de Internet, productores de equipos con dispositivos de copiado o grabación, y el gobierno.

Para ello, es necesario establecer criterios inteligentes y conscientes de la naturaleza y características técnicas de Internet, o de lo contrario puede darse lugar a absurdos como imponer el copyright en la red, que funciona con base en el copiado o reproducción total o parcial de contenidos.

Sobre la regla de los 3-strikes, alertó que de aprobarse se estaría convirtiendo a los proveedores de servicio de Internet en inquisidores o auditores de la información y de las consultas que hacen los particulares.

En México no se requieren esas medidas para el acceso a la red. Se tiene que cuidar la propiedad intelectual, pero sin imponer, ya que se corre el riesgo de frenar el crecimiento tecnológico, encarecer el precio de los servicios, afectar a la industria de tecnología nacional y generar más piratería, explicó Reyes Krafft.

Fernando Gutiérrez, especialista en temas digitales del Tecnológico de Monterrey, sostiene que de aplicarse las leyes que impulsan las sociedades de gestión colectiva –como parte de la regulación internacional conocida como Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés)–, se dañaría la protección de datos personales y se obligaría a los proveedores del servicio de Internet a fungir como policías de la red.