a masacre perpetrada en Torreón en las primeras horas de ayer, con saldo de 17 personas muertas, es el más reciente episodio de una violencia que ha llegado a modalidades que nadie habría querido pronunciar: guerra abierta y terrorismo.

Dos días antes, en Ciudad Juárez, fue detonado un coche bomba en una emboscada a elementos policiales, cuatro de los cuales murieron en el ataque, mientras en el norte de Tamaulipas se desataron balaceras que dejaron más de dos decenas de lesionados. En el norte, en el noreste y el sur del país, las disputas por el control del territorio han configurado ya un escenario de ingobernabilidad y de suspensión de facto de las garantías individuales.

Ante la persistencia de las ejecuciones cotidianas, los combates y los bloqueos de vialidades, el discurso oficial se evidencia cada vez más ajeno a la realidad y más extraviado en sus propios laberintos: en lo que va del año, personeros del gobierno federal han anunciado en varias ocasiones una reformulación de la estrategia contra la criminalidad organizada, y otras tantas se ha ratificado que tal estrategia no variará. Los anuncios espectaculares de capturas y muertes de maleantes y decomisos de armas, dinero y droga suelen ser sucedidos por renovadas y crecientes muestras de poderío de las organizaciones delictivas. Lo que empezó como una apuesta para ganar legitimación ante la sociedad ha transformado lo que eran meros desafíos a la seguridad pública y a la vigencia de las leyes en una crisis de seguridad nacional.

El país no se encuentra, como se insiste en las altas esferas gubernamentales, ante un problema de percepción, y nada se resuelve citando los altos índices de criminalidad –reales o supuestos– de otras naciones. Tampoco es útil, a estas alturas, atribuir la génesis de los fenómenos delictivos actuales a la indolencia, la permisividad o la complicidad de administraciones anteriores, no sólo porque tales señalamientos, al no ir acompañados de imputaciones precisas, se quedan en el ámbito de la insinuación, sino también porque la autoridad actual, lejos de avanzar en la solución a la crisis de seguridad pública, la ha profundizado.

El actual equipo de gobierno tendría que darse cuenta de que la comprensión de la sociedad tiene límites y que para el país es inaceptable el anuncio de que tendrá que resignarse a vivir en guerra durante muchos años: los estrategas oficiales han agotado ya el margen político que pudieron tener para sentarse a planearla.

Para colmo, y a contrapelo de advertencias, las autoridades se empecinan en mantener un rumbo de colisión con los intereses y la economía de los sectores mayoritarios de la población, y sólo el civismo de éstos permite entender que la orientación antipopular de la administración no haya generado aún estallidos sociales de grandes dimensiones.

En tales circunstancias, resulta imperativo que el actual gobierno se replantee las estrategias en curso en el ámbito económico y en el de la seguridad, así sea únicamente en interés de hacer transitables los dos años y medio que le restan. De no ser así, en 2012 entregará un país en ruinas.