yer, el recién nombrado titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, señaló que no puede haber una política de seguridad democrática si antes no hay una reconciliación de unidad con todos los agentes políticos y sociales, y planteó la necesidad de aplicar una política de seguridad integral, a lo que agregó que su encomienda será el diálogo constante y continuo por el bien de México.

Por su parte, en relación con la huelga de hambre que desde hace 82 días mantiene un grupo de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el subsecretario de Gobierno de esa dependencia, Roberto Gil Zuarth, declaró que el gobierno tiene la intención y la vocación de escuchar los planteamientos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque advirtió que el diálogo político tiene límites y el límite es la ley.

En principio, la reformulación de la estrategia de seguridad pública es plausible, pero exasperantemente tardía: desde hace tres años y medio, y desde muchos sectores, se ha exigido una política anticrimen integral que considere las causas sociales, económicas y políticas de la multiplicación de los fenómenos delictivos y del creciente poder que exhiben los grupos criminales. En ese lapso la destrucción es incuantificable: decenas de miles de vidas perdidas, esperanzas destruidas y la ruina de diversas localidades y regiones.

Es obligado preguntarse si este costo no habría sido significativamente menor si las autoridades federales hubiesen escuchado a tiempo las advertencias. Más vale tarde que nunca, pero está por verse cuál es el alcance de la rectificación anunciada; porque, de mantenerse la política económica vigente –responsable de la miseria, la desigualdad y la marginación que conforman, a su vez, el caldo de cultivo del auge delincuencial–, la única forma de enfrentar la delincuencia será la prolongación del actual baño de sangre.

Sobre el llamado de Blake Mora a la reconciliación, sería deseable que tal exhorto no se circunscribiera a la clase política y los partidos. El gobierno debe dirigirse, prioritariamente, a los sectores sociales a los que ha agraviado: los sindicatos de electricistas y de mineros; el conjunto de asalariados; la micro, pequeña y mediana empresas, golpeadas por el manifiesto favoritismo presupuestal y fiscal hacia los grandes consorcios; las llamadas víctimas colaterales de la guerra contra el narco y sus familiares; las madres y padres de los niños muertos en la guardería ABC; las mujeres presas por abortar; los opositores y activistas sociales maltratados por el uso faccioso de la procuración de justicia; las víctimas de la impunidad y del atropello a los derechos humanos; la población capitalina, sistemáticamente golpeada mediante una administración tendenciosa de los recursos hídricos y por medio de retrasos arbitrarios en los flujos presupuestales, y la comunidad cultural, a la que hace unos días el gobierno, inopinada y arbitrariamente, le redujo los recursos.

Por lo que hace a la hostilidad oficial hacia el SME, es inaceptable que en el momento en que la vida de varios mexicanos está en juego, Blake y Gil hagan declaraciones como las expuestas antes, pues hasta ahora el gobierno federal se ha empecinado en mantener las reglas del juego que él mismo impuso, en forma unilateral, desde el decreto de extinción de LFC, y en ignorar las propuestas de los trabajadores para resolver el conflicto. Peor aún, ha hostigado a los electricistas con agresiones policiales y amagos de represión generalizada, con campañas de desprestigio a tambor batiente en los medios informativos, con la intromisión en los asuntos internos del sindicato y con la negativa a dar reconocimiento administrativo a la dirigencia del gremio.

Para la reconciliación es necesaria voluntad política, sensibilidad y sentido de país. Tales atributos podrían demostrarse, en el momento actual, mediante una real actitud de diálogo y negociación para resolver el conflicto con el SME y la disposición a salvar la vida de quienes se mantienen en huelga de hambre en defensa de su trabajo y de su organización sindical.