pesar de la contundencia del fallo emitido el miércoles pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se ordenó la inmediata excarcelación de los 12 dirigentes y activistas de San Salvador Atenco que permanecían en prisión desde 2006, acusados y sentenciados con base en imputaciones inventadas e improcedentes, y tras la liberación de nueve de los presos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sacó de sus archivos cuatro causas penales distintas a aquella que juzgó y desechó el máximo tribunal del país, tres de ellas del fuero común y originadas en 2006 (robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos y despojo) y una más, del fuero federal, que data de 2008: ataques a las vías de comunicación. Con esos elementos el gobierno federal mantuvo en la cárcel a tres de los inculpados: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, hasta las últimas horas de ayer, y generó, en forma por demás innecesaria, un ambiente de incertidumbre y exasperación.

n medio de la crisis del capitalismo, las perspectivas de futuro son contradictorias. Para las burguesías y los empresarios se trata de un momento amargo. Practicar la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia o la soberbia está mal visto en momentos de recesión. Las plutocracias se ven obligadas a ocultar su obscena forma de vida con el fin de no ser atacadas. Los dueños de grandes fortunas se sienten víctimas. Ellos, dirán, no son culpables del actual desaguisado. La responsabilidad es de los gobiernos, quienes, independientemente de su color político, se mostraron incapaces de actuar a tiempo, dejando crecer la burbuja especulativa y financiera. Por consiguiente, ahora les toca hacer frente a su desidia. En otras palabras gobernar con mano de hierro. La tarea: salvar al capitalismo de su colapso. En esta dinámica se perfilan las medidas de austeridad. Todas cortadas por el mismo patrón. Rebajan los salarios, congelan las pensiones, abaratan el despido, suben el impuesto al valor agregado y reducen las inversiones públicas en salud, educación o vivienda social. Bajo este paraguas se busca reducir el déficit fiscal, olvidando que su origen, entre otras cosas, está motivado por la aportación de miles de millones de euros o dólares del erario público, destinados a salvar la banca privada.

a deuda de los heterodoxos al gran Monsiváis es impagable. Me confieso deudora morosa, heredera de sus ideas sin testamento alguno, vulgar ratera, plagiaria de su anticlericalismo, de su inconformidad e irreverencia. Yo y quienes pertenecemos a la que él bautizó como la primera generación de norteamericanos en México, la de los 60: la de adictos al rock, a la Coca-Cola, a las series gringas de televisión, jóvenes mothernos que deseábamos huir del subdesarrollo, los llamados a desoír tonterías que entendíamos pero ya no sentíamos para adaptarnos a lo que probablemente no entendíamos pero sentíamos cada segundo (Escenas de pudor y liviandad, Grijalbo, 1988).

uando la violación a las leyes por parte de personas o grupos es una práctica cotidiana la situación es grave. Cuando esta violación es realizada en forma sistemática por las propias autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la situación no sólo es grave, sino que acerca a la sociedad al gobierno autoritario. Cuando la violación de la ley por parte de las autoridades lleva implícito el riesgo de una conflagración de grandes magnitudes, con la consecuente pérdida de incontables vidas humanas, estamos muy cerca del genocidio autorizado.