os medios electrónicos de comunicación deben estar fascinados con el personaje, porque un día sí, y el siguiente también, el inquilino de Los Pinos les apesta la programación regular al transmitir electoreros mensajes a la nación que presumen supuestos cumplimientos de promesas por doquier. Felipe Calderón está igual de desatado que de desesperado ante los comicios del próximo domingo, en los que se adelanta una brutal derrota para su partido, en general, y para él, en particular.

Se le acabó la agenda mundialista, de tal suerte que a los genios de la propaganda oficial no se les ocurrió mejor cosa que sacarse de la manga, al más puro estilo foxista, un sinnúmero de logros y metas alcanzadas, todas ellas, desde luego, virtuales. Así, pésimamente disfrazados de mensajes a los medios de comunicación, en los últimos días los espots electoreros de Felipe Calderón han ido de la cancelación de la tenencia por el uso de vehículos, pasando por excelentes decisiones en materia fiscal, hasta el mágico anuncio de medio millón de empleos formales en el primer semestre de 2010, con lo que, dijo, las familias mexicanas viven mejor y se cumple otra promesa de campaña.

Tres tomaduras de pelo en menos de una semana (algo por demás usual a lo largo de su estancia en Los Pinos): por decreto, desapareció un impuesto, el de la tenencia, que ya había desaparecido el Legislativo tres años atrás, aunque en los hechos queda abierta la posibilidad legal de que sean los propios gobiernos estatales los que apliquen y cobren directamente el citado gravamen; en pomposo anuncio, el susodicho dio a conocer cinco medidas de desregulación fiscal, que incluyen la eliminación de las declaraciones mensuales del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y la anual del impuesto al valor agregado (IVA), algo que ni por aproximación conlleva el combate a la elusión y evasión fiscales, ni redistribuye la carga fiscal en el país, ni amplía el padrón de contribuyentes, ni cobra impuestos al gran capital, ni nada de nada. En todo caso, los afectados serán los contadores, que ya no cobrarán por elaborar 12, sino una declaración; y la más reciente, la de ayer, con el tema laboral: ya la hicimos, ya cumplimos la promesa de campaña (aquella del presidente del empleo).

Este último mensaje a los medios de comunicación, ayer al filo de las 18 horas, no se lo cree ni Javier Lozano Alarcón, pianista de cabecera del inquilino de Los Pinos. Con el discurso reiterativo, gastado, escuchado hasta el exceso a lo largo de su estancia en la residencia oficial, Calderón celebró que en los últimos seis meses se generaron 513 mil empleos formales (no especificó cuántos de ellos eventuales) y que por esa razón los mexicanos van a vivir mejor. Qué bueno que se haya generado medio millón de empleos, si la cifra es correcta, pero para que en realidad los mexicanos vivan mejor, como presume, a estas alturas del partido el registro de empleo formal en el país debería acumular no menos de 4 millones 300 mil plazas laborales adicionales a las registradas en el IMSS el 1º de diciembre de 2006 y sin considerar rezagos.

En los hechos, a lo largo de su estancia alrededor de un millón de mexicanos debieron incorporarse, obligadamente, al ejército de desempleados, un balance verdaderamente desastroso del presidente del empleo, quien ayer obviamente dejó a un lado este tema para presumir que estamos a sólo 80 mil empleos del máximo histórico del IMSS, cuando en realidad ese máximo debería ascender, por estas fechas, a más de 18 millones formales, y no a 14 millones, incluidos los 513 mil 373 puestos de trabajo cacareados en su mensaje a los medios de comunicación.

El país se le desmorona, cada paso que da es una deposición, el ambiente político está sumamente enrarecido, la economía pende de flácidos alfileres, y el señorcito se da el lujo de ordenar la transmisión en cadena nacional de sus espots electoreros, sin que ninguna autoridad electoral le ponga freno a su desesperada campaña para intentar, fallidamente a todas luces, recuperar algunos milímetros de los muchísimos kilómetros por él perdidos.

Entonces, decretos para desaparecer impuestos cuya desaparición ya estaba calendarizada, pero que de cualquier forma cobrarían las arcas de los estados de la República; desregulación fiscal, justo en un año en el que los contribuyentes cautivos (tengan o no con qué) deberán pagar mucho más debido a los nuevos gravámenes y al incremento en los existentes, a la vez que son víctimas de los buitres del SAT y la Secretaría de Hacienda que sólo contra ellos actúan, porque el gran capital se mantiene incólume en este renglón, como en tantos otros; y victoriosos anuncios en la televisión y la radio presumiendo lo que en los hechos debería darle vergüenza: una cantidad de plazas labores generadas que resulta mínima si se compara con la demanda real, que ni de lejos ha podido satisfacer. Y de la triunfalista celebración por el cumplimiento en materia de empleo, al rosario de buenas noticias en materia económica: en castellano simple, somos lo máximo, según el susodicho.

Con el boato que acostumbra, una vez más en uso descarado y pantagruélico de los recursos de la nación con fines electoreros, Calderón alegremente brinca a la pantalla chica para anunciar (si a estas alturas alguien lo escucha) que cumple con sus promesas de campaña, y sin sonrojo alguno lo dice a escasos dos días de las elecciones para gobernador en 12 estados de la República, en los que, todo apunta, el señorcito de Los Pinos y su partido particular registrarán zapato, o muy cerca, sin autoridad electoral alguna le ponga freno. De hecho es al contrario: demasiada casual la renuncia de la titular de la Fepade, organismo dependiente de la PGR, a su vez subordinada al inquilino de Los Pinos. ¿Quién dijo que era imposible otro peor que Fox?

Las rebanadas del pastel

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma del caso Paulette, la misma que controla Enrique Peña Nieto, utilizó pruebas ilícitas para imputarles secuestro equiparado a los atenquenses sentenciados a una barbaridad de años en prisión, dice la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que la PGJEM procedió sin sustento y usó pruebas ilícitas en este caso; y que, en fin, fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles. Bien, pero, ¿quién resarce el daño a los injustamente encarcelados? ¿Quién paga la factura por esta aberración jurídica, no sólo permitida sino impulsada por Peña Nieto y su banda? ¿Tampoco hay culpables en este caso, como en el de la guardería ABC?

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