El quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, aseveró: trabajamos de manera conjunta con la cancillería y con los cinco consulados de México en Arizona para atender a los migrantes mexicanos indocumentados que se encuentran en esa estado, que son alrededor de 450 mil y que pueden verse afectados por la entrada en vigor de la ley SB 1070.

Batista Jiménez dijo en entrevista que la CNDH no tiene facultades para hacer reclamaciones a los funcionarios de Estados Unidos, que serían en todo caso quienes estarían cometiendo las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos sin documentos en Arizona. Lo que hacemos es verificar que las autoridades mexicanas actúen en la defensa de los migrantes con todos los instrumentos que se dispone y que brinden apoyo a los afectados.

El funcionario de la institución que tiene a su cargo la atención de las quejas de migrantes aseveró que en el país la CNDH ha registrado un aumento de 25 por cientos en las quejas de migrantes centroamericanos por violación de sus derechos humanos. Continúan los secuestros, los asaltos, las violaciones sexuales, el maltrato por parte de policías de los tres órdenes de gobierno.

Anunció que en breve se presentará un diagnóstico de la situación de las estaciones migratorias para analizar qué avances se tienen y qué falta por hacer, y también se elaborará un nuevo informe de secuestro de migrantes.

–¿Qué está haciendo la CNDH para atender a los migrantes mexicanos indocumentados en Arizona ante la entrada en vigor de la ley SB 1070?

–Desde que el estado de Arizona aprobó esa la ley, el 23 de abril pasado, lo primero que hicimos fue condenarla porque promueve la discriminación, la xenofobia y criminaliza a los migrantes. Estamos trabajando de manera coordinada con la cancillería y los cinco consulados de México en Arizona.

“Hemos hecho visitas a Arizona, nos hemos reunido con organizaciones, como la Unión de Libertades Civiles de EU, con Ángeles de la Frontera y Human Borders para trabajar en la defensa de los migrantes.

–¿Qué facultades tienen como CNDH para atender este problema?

–Nuestra labor se circunscribe a verificar la actuación del trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados, ya que quien estaría violando los derechos de migrantes serían las autoridades estadunidenses. ¿Qué trabajo realizan con la cancillería y los consulados?

–Elaboramos conjuntamente un folleto que explica los derechos que tienen los indocumentados y cuáles son las obligaciones de la cancillería y de los consulados. Incluimos los teléfonos en los que pueden pedir apoyo del gobierno mexicano.

–Se han incrementado las agresiones contra mexicanos en Estados Unidos. Ahí están los casos del menor Adrián Hernández y el de Anastasio Hernández Rojas.

–¿Qué hace al respecto la CNDH?

–En ambos casos abrimos expedientes de queja. Fuimos a los lugares de las agresiones, se tomaron testimonios y se habló con los familiares. En el caso del señor Anastasio se investiga el delito de tortura. Tenemos que verificar que las autoridades mexicanas actuén correctamente, que ayuden a los familiares, que utilicen todos los recursos disponibles para exigir justicia y sanción a los responsables.

–¿Cuál es el panorama de los derechos de los migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos?

–Hay un aumento en el número de quejas por violaciones a los derechos humanos de quienes se internan al país para llegar a Estados Unidos sin papeles. Continúan los secuestros, los asaltos, el maltrato, las deportaciones sin dar aviso a sus consulados.

–¿Qué ha pasado con la repatriación de menores mexicanos por parte de Estados Unidos?

–Es un tema preocupante. El propio alcalde de Nogales, Sonora, dice que la infraestructura del municipio esta rebasada. Llegan por la frontera de Nogales 700 repatriados entre niños y adultos.