La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que encabeza Javier Lozano Alarcón, reconoció ayer que la figura de outsourcing o tercerización de trabajadores está siendo utilizada indebidamente en nuestro país para disfrazar las relaciones laborales u ocultar los salarios reales de los empleados, con el propósito de evadir o eludir el cumplimiento de obligaciones patronales, con la consecuente afectación a los derechos consagrados en la legislación.

Añadió que estas prácticas deben combatirse a fondo y sancionarse con severidad.

La dependencia señaló que la actual Ley Federal del Trabajo no prohíbe la tercerización, por lo que los trabajadores tienen dificultades para hacer valer sus derechos. Esto es porque al ser utilizada la figura cada vez más y no estar debidamente regulada, se han venido presentando simulaciones por parte de empresas que prestan sus servicios a otras.

No obstante, apuntó, esta modalidad es una realidad en los ámbitos nacional e internacional, que genera fuentes de trabajo en la economía formal; prohibirlo, acotarlo o limitarlo a algunas actividades complementarias o accesorias al objeto de las empresas significaría que nuestra economía perdiera competitividad e inhibiría la inversión nacional y extranjera en proyectos productivos.

Por ello, la reforma laboral propone incorporar medidas que permitan conciliar la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y el legítimo interés de los empleadores por encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y productividad de las empresas, señaló en un comunicado.

Indicó que en la reforma laboral propuesta se sanciona con multas de hasta 5 mil veces el salario mínimo general a quien utilice la figura del outsourcing en forma dolosa, con el fin de simular salarios o establecer prestaciones menores a las que efectivamente correspondan a los trabajadores.